QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Hoy, el Pleno del Congreso debatirá y emitirá su voto sobre una proposición de ley introducida por el PP que busca enmendar el Estatuto del Ministerio Fiscal. El objetivo es que el fiscal general del Estado deje de tener la potestad de nombrar al responsable de la protección de datos personales en la Fiscalía.
La propuesta, que fue presentada en abril y que hoy enfrenta su primer escrutinio, busca reinstaurar el sistema de elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, un método que se utilizaba antes de que el Gobierno actual modificara esta normativa a través de la Ley de Eficiencia de la Justicia, en lugar del actual sistema de designación directa por parte del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El PP argumenta que su iniciativa “recupera la neutralidad e independencia” del puesto encargado de supervisar el respeto a las leyes de protección de datos dentro de la Fiscalía, y señala que el sistema vigente “supone un riesgo evidente” al permitir que la persona que debe ser supervisada también tenga la facultad de nombrar a quien realiza la supervisión.
LA CLAVE DEL BORRADO DE DATOS DEL MÓVIL DE GARCÍA ORTIZ
Este debate en el Congreso coincide con la investigación del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se enfrentará a un juicio en noviembre acusado de revelar secretos por supuestamente haber compartido un correo electrónico con información confidencial sobre un presunto fraude fiscal. Durante la investigación, se ha destacado que García Ortiz borra regularmente la información de su móvil como parte de un protocolo de protección de datos.
En el juicio, declarará Agustín Hidalgo, actual encargado de protección de datos de la Fiscalía, quien fue nombrado en junio de 2020 con el respaldo de los miembros de la Asociación de Fiscales. Su mandato finaliza pronto, y bajo la normativa actual, el nuevo responsable podría ser designado directamente por el fiscal general sin necesidad del consenso del Consejo Fiscal, como se estilaba anteriormente.
El PP critica que la reforma impulsada por el Gobierno ha transformado una autoridad independiente en una mera extensión de la Fiscalía General del Estado y reclama un proceso de designación que respete los principios constitucionales y europeos de protección de datos.
