QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso de los Diputados debatirá y votará una proposición de ley del PP que busca cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal para impedir que el fiscal general del Estado seleccione al encargado de proteger los datos personales en la institución.
La propuesta, introducida en abril y enfrentándose ahora a su primera votación, busca reinstaurar el método de elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, un sistema que se utilizaba antes de que el Gobierno actual modificara el procedimiento mediante la Ley de Eficiencia de la Justicia, dejando la elección en manos del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Desde el PP argumentan que su iniciativa “recupera la neutralidad e independencia” de este puesto vital para asegurar la observancia de las leyes de protección de datos dentro de la Fiscalía, destacando que el modelo vigente “supone un riesgo evidente” ya que permite que la misma persona que debe ser supervisada sea quien nombre al supervisor.
Según recoge Europa Press en la exposición de motivos, el actual artículo 12.n del Estatuto “se aleja de los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea” y que “no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función”.
LA CLAVE DEL BORRADO DE DATOS DEL MÓVIL DE GARCÍA ORTIZ
El debate llega en un momento crítico, coincidiendo con la investigación del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, quien enfrentará juicio en noviembre por un supuesto delito de revelación de secretos tras la filtración de un email sobre un presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, compañero de Isabel Díaz Ayuso.
Durante la investigación, la Guardia Civil determinó que García Ortiz no tenía en su móvil registros de conversaciones o correos con González Amador, justificándolo en que seguía un protocolo de protección de datos que implica el borrado sistemático de contenido en su dispositivo.
En el juicio, Agustín Hidalgo, actual responsable de protección de datos de la Fiscalía y designado en junio de 2020 con el respaldo de la Asociación de Fiscales, deberá testificar. Su mandato, que finaliza pronto, podría ser renovado directamente por García Ortiz bajo la normativa actual, sin necesidad de aprobación del Consejo Fiscal.
El PP critica que la reforma gubernamental ha transformado una autoridad independiente en una unidad más de la Fiscalía General del Estado y solicita un proceso de selección transparente y conforme a los principios constitucionales y europeos en materia de protección de datos.
