QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso de los Diputados someterá a debate y posterior votación la propuesta legislativa de Vox que busca una reforma integral de la Ley del Menor del año 2000. La iniciativa pretende disminuir la edad penal de 14 a 12 años, incrementar las penas para los menores de 18 años y agilizar la expulsión de los infractores extranjeros.
La proposición de Vox, detallada en su artículo 10, contempla la expulsión ordinaria de menores extranjeros y la revocación de la nacionalidad española a aquellos que la posean. Según el texto, la sentencia emitida será “título suficiente para la expulsión del menor, sin necesidad de ulterior resolución administrativa” y podrá llevarse a cabo aunque los tutores legales residan en España.
Además, la propuesta permite cumplir la medida de internamiento en el país de origen del menor si existen acuerdos bilaterales pertinentes o sustituir parte del internamiento en España por la expulsión.
HASTA 10 AÑOS DE INTERNAMIENTO PARA MENORES DE 15 AÑOS
En lo que respecta a la duración de las penas, el proyecto legislativo establece un internamiento en régimen cerrado de hasta ocho años para menores entre 12 y 15 años, y de hasta doce años para los de 16 y 17 años en casos de delitos graves como homicidio o agresiones sexuales. El artículo 11 extiende el tiempo máximo de internamiento a diez años para menores de 16 en situaciones de múltiples delitos graves.
El régimen disciplinario en los centros de internamiento también se intensifica, regulando sanciones severas como la separación del grupo o la limitación de actividades recreativas. Asimismo, se incrementan las horas máximas de servicios comunitarios a 150 horas, y la medida de permanencia de fin de semana no superará los doce fines de semana.
La proposición también sustituye términos legales, reemplazando ‘falta’ por ‘delito leve’ y ajusta los plazos de prescripción de delitos según las penas asignadas, alineándolos con el Código Penal.
Dentro de los argumentos de Vox, citados por Europa Press, se destaca la necesidad de enfrentar el crecimiento de la delincuencia juvenil y el “deterioro moral y social”, atribuyendo parte del problema a la “proliferación de nuevas figuras delictivas, importadas junto con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”.
