QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La sesión plenaria del Congreso ha desestimado una moción presentada por el Partido Popular, que buscaba poner en jaque al ex presidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusándolo de interferencias en la adjudicación de contratos públicos. Esta decisión llega tras la difusión de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó incidentes ‘de enorme gravedad’ durante su mandato en el Gobierno de Canarias.
La propuesta del PP, resultado de una interpelación previa a Torres basada en el documento de la UCO, no prosperó al recibir 168 votos en contra por parte del PSOE, Sumar y sus aliados, frente a 145 a favor, incluyendo los del PP, Junts y UPN. Vox, CC y BNG se abstuvieron.
En el texto, recogido por Europa Press, el PP solicitaba al Congreso rechazar cualquier interferencia política sobre el personal de las administraciones públicas que persiga beneficios para terceros ajenos al bien común. Además, instaba al Gobierno a seguir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa para reducir los riesgos de corrupción y conflictos de intereses en altos cargos del Ejecutivo, incluidos los asesores políticos.
INCUMPLEN LAS RECOMENDACIONES DEL GRECO
Los ‘populares’ critican que, pese a las evidencias de conductas ‘absolutamente incompatibles con la ética pública’, el soporte gubernamental a Torres sigue firme, evidenciando el ‘incumplimiento’ de las directrices del GRECO sobre prevención de la corrupción.
Asimismo, denuncian la ‘normalización’ de prácticas cuestionables por parte del Gobierno y sus soportes, como las acciones de una ex alta funcionaria gubernamental, Leire Díez, acusada de sobornar y chantajear a fiscales y guardias civiles para obtener información delicada sobre investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE. En su moción, el PP exigía explicaciones sobre cualquier indicación dada por Presidencia o los ministerios de Presidencia y Justicia o Interior a Díez para ‘sobornar, chantajear y extorsionar’ a figuras del ámbito político y judicial.
