QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso ha reiterado al Senado y a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que la determinación de los plazos para enmendar leyes que provienen de la Cámara Alta es competencia de la Mesa dirigida por la socialista Francina Armengol, quien actúa por mayoría.
Fue Feijóo quien, hace una semana, propuso que la Presidencia del Senado considere la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para resolver un conflicto de competencias con el Congreso debido al bloqueo «sistemático» de 31 normativas aprobadas por la Cámara Alta.
Feijóo criticó duramente al Congreso por privar al Senado de su capacidad legislativa «por orden del Gobierno», describiendo la situación como una «perversión del sistema» y un «fraude» basado en «razones arbitrarias».
DECIDE EL CONGRESO, NO EL SENADO
Desde el Congreso se enfatiza que la prerrogativa de extender los plazos de las iniciativas legislativas reside en la Mesa de la Cámara Baja, una facultad que «como bien sabe» el PP, y está respaldada por el artículo 91.1 del Reglamento, según fuentes parlamentarias.
El Congreso continuará procesando las legislaciones provenientes del Senado «como corresponda», y subraya que no ambas cámaras no están en condiciones de igualdad jerárquica. Según la Constitución, es el Congreso el que habitualmente establece los plazos para el Senado, no al revés.
Además, se menciona que este año el Tribunal Constitucional invalidó una modificación del Reglamento del Senado, impulsada por el PP en noviembre de 2023, que buscaba retrasar la aprobación de la Ley de Amnistía. El tribunal recordó que el artículo 90.3 de la Constitución limita a 20 días el periodo que el Senado tiene para vetar o modificar iniciativas urgentes del Congreso, reduciendo así los dos meses originales.
