QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo martes, el Pleno del Congreso determinará si procede con la propuesta de ley orgánica impulsada por el PSOE y Junts, que busca transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, incluyendo la administración por parte de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la gestión de las devoluciones de extranjeros con entrada prohibida.
Esta iniciativa surge tras un acuerdo alcanzado en marzo entre ambos partidos, luego de que Junts retirase una propuesta que instaba al presidente Pedro Sánchez a enfrentar una cuestión de confianza. La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido incluir este tema en la agenda del próximo Pleno. En cualquier caso, la posibilidad de que prospere se complica, puesto que necesitaría del apoyo de Podemos, una vez que tanto PP como Vox han expresado su rechazo al proyecto.
Durante la presentación de la propuesta, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, manifestó su rechazo calificando la iniciativa de “racista” y “anti inmigración” y afirmó que “No se hará con nuestros votos”. A pesar de las posibilidades de que no prospere, Junts ha optado por presentarla para no perder la oportunidad de debatir su única proposición de ley, según fuentes del PSOE. De fracasar, significaría otro contratiempo para el PSOE, tras el reciente rechazo a su proyecto de ley para reducir la jornada laboral.
OTRAS NOVEDADES DEL ACUERDO
Además, el acuerdo incluye que los Mossos d’Esquadra colaboren con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, estableciendo una “ventanilla única” en Cataluña para ciertas autorizaciones migratorias y aumentando el número de Mossos en 1.800 agentes.
La Generalitat también asumirá funciones sancionadoras en procedimientos administrativos, gestionará expulsiones y determinará el contingente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, entre otras competencias. Finalmente, para que la cesión de competencias sea efectiva, el Estado deberá transferir los recursos necesarios a Cataluña.
La transferencia se justifica en el texto del acuerdo por la histórica capacidad de Cataluña de integrar a una población inmigrante considerable. La cesión se fundamentará en el artículo 150.2 de la Constitución, permitiendo a Cataluña una integración plena y efectiva en el país.
