En España, una persona pierde la vida cada 18 minutos mientras aguarda en la lista de espera de dependencia. Durante los primeros diez meses de 2025, se registraron 27.217 fallecimientos en estas circunstancias, revela el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación, expuso estos datos en su reciente comparecencia en el Congreso.
Al 31 de octubre, el informe muestra que en el país hay 1.750.070 personas con dependencia reconocida, un aumento de 113.313 respecto al año anterior, y 120.698 aún esperando valoración. Este grupo representa un 3,5% de la población, necesitando diferentes niveles de soporte para las actividades cotidianas.
El documento también destaca que casi dos tercios de los beneficiarios de prestaciones o servicios son mujeres (62%), y el 37% son hombres. La mayoría de los afectados, tres de cada cuatro, superan los 65 años de edad, siendo los mayores de 80 años el 53% del total.
En términos de gestión, el tiempo medio para tramitar un expediente es de 350 días, excediendo en 16 días el promedio del año anterior. A pesar de que la ley establece un máximo de seis meses para este proceso, solo cinco territorios cumplen con este plazo. En contraste, en tres comunidades autónomas se tarda cerca de 500 días.
Durante su intervención en el Congreso, Ramírez ha enfatizado la necesidad de abordar la dependencia como una «urgencia social y un asunto de Estado». Ha criticado la falta de implicación y financiación suficiente por parte de los poderes públicos, lo que impide ofrecer una atención básica y digna a los dependientes. Además, ha propuesto un incremento de, al menos, 1.000 millones de euros para dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado y ha pedido una mayor transparencia y coordinación entre las comunidades autónomas para avanzar en este ámbito crucial.











