Este martes, el Pleno del Congreso abordará una proposición no de ley presentada por Junts, que busca restringir los permisos de paternidad otorgados a trabajadores migrantes temporales ante la sospecha de posibles irregularidades en su otorgamiento.
La propuesta de Junts, introducida en agosto, se debatirá simultáneamente con la votación sobre la toma en consideración de una ley que la formación negoció con el PSOE en marzo, la cual delegaría a Cataluña ciertas competencias en materia de inmigración.
Junts sostiene que ha observado un “incremento significativo” en las peticiones de esta prestación por parte de trabajadores migrantes, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción. Según indican, este aumento ha suscitado alarmas sobre posibles fraudes, con casos donde los permisos se han solicitado repetidamente en poco tiempo, invocando nacimientos en sus países de origen sin aportar pruebas concluyentes.
“ALGUNAS TENÍAN LETRA ‘ILEGIBLE’”, destacó el diputado de Junts, Isidre Gavín, durante una sesión de control al Gobierno, criticando que se acepten documentos con difícil legibilidad y señalando que algunos trabajadores alegan poligamia en sus países para justificar múltiples solicitudes.
La formación sugiere modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 para imponer requisitos más estrictos, como la exigencia de “certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles”.
En respuesta, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, manifestó que no veía necesario un cambio legal dado que solo se han sancionado a 22 personas en Cataluña, describiendo la situación como “anecdótica”. Saiz también recalcó que la normativa vigente ya contempla procedimientos adecuados para prevenir y sancionar fraudes, sin necesidad de añadir más requisitos.











