Este martes, el Congreso de los Diputados abordará una proposición no de ley presentada por Junts que busca restringir los permisos de paternidad otorgados a temporeros migrantes, ante la sospecha de fraudes en su concesión. La discusión coincide con la votación sobre la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, un acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE en marzo.
Junts ha observado un ‘incremento significativo’ en las peticiones de esta prestación por parte de trabajadores migrantes, especialmente en campos como la agricultura y la construcción. La preocupación surge al detectarse solicitudes repetidas en cortos intervalos, citando nacimientos en los países de origen sin suficiente prueba documental.
Isidre Gavín, diputado de Junts, durante una sesión de control al Gobierno, criticó que se acepten documentos con ‘letra ilegible’ y mencionó casos de poligamia como justificación para múltiples solicitudes. Propuso que se exija ‘certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles’ para verificar la autenticidad de las solicitudes.
Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicó que no veía necesario endurecer la normativa actual, mencionando que solo 22 personas habían sido sancionadas en Cataluña por estas prácticas, lo que consideró una cifra ‘anecdótica’. Afirmó que la legislación vigente ya posee instrumentos adecuados para combatir y penalizar los fraudes sin requerir cambios adicionales.









