El Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes la propuesta legislativa registrada por Sumar para reformar la Ley de Vivienda de 2023 e impedir que fondos de inversión, empresas, sociedades o cualquier persona jurídica puedan adquirir viviendas en España. La iniciativa, impulsada por el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, pretende marcar un punto de inflexión en la regulación del mercado residencial y en el papel de los grandes tenedores.
La propuesta: limitar la compra de vivienda a personas físicas
Sumar parte de una premisa clara: el derecho a la vivienda es un derecho asociado a las personas físicas, no a entidades cuyo objetivo principal es obtener beneficios económicos. Según la iniciativa, la propiedad de inmuebles residenciales por parte de personas jurídicas “no responde a un uso de disfrute vital”, sino a un modelo de inversión que, según denuncian, alimenta la especulación, el acaparamiento y la subida estructural de precios.
La proposición plantea modificar la Ley de Vivienda para restringir el derecho de transmisión de viviendas —tanto a título oneroso como gratuito— exclusivamente a personas físicas. Las personas jurídicas solo podrían ser propietarias de inmuebles no residenciales ligados a actividades económicas industriales, comerciales o de servicios.
«Encaje constitucional» de la medida
Ibáñez ha defendido que se trata de una propuesta “sencilla”, viable jurídicamente y con “pleno encaje constitucional y europeo”. La formación sostiene que la Constitución reconoce la función social de la propiedad y que esta reforma reforzaría la capacidad del Estado para evitar usos especulativos del mercado.
El portavoz afirmó que existe una “mayoría parlamentaria transversal, desde la extrema derecha hasta la izquierda”, dispuesta a limitar el papel de los fondos y grandes sociedades en el mercado de vivienda. A su juicio, partidos como PNV y Junts “se sentirían cómodos diciendo adiós a los fondos buitre”, lo que permitiría que la iniciativa superase el primer trámite.
Un debate que evita la limitación de viviendas por persona
Ibáñez admitió que a Sumar le gustaría ir más lejos y abrir el debate sobre cuántas viviendas puede acumular un particular, pero reconoce que “no hay consenso” para ello. Por ese motivo, la formación se centra en un objetivo más acotado que, según defiende, sí suma apoyos: frenar la presencia de socimis, fondos y grandes corporaciones como actores dominantes en el mercado residencial.
La votación de este martes será el primer test parlamentario para una de las propuestas más ambiciosas de la legislatura en materia de vivienda.












