QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Pleno del Congreso discutirá una propuesta del PP que insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a cubrir los costes que enfrentan los ayuntamientos rurales para la digitalización y mantenimiento de los locales usados en exámenes de conducción desplazados.
La propuesta, según informa Europa Press, exige al Gobierno asegurar que los ayuntamientos rurales “no asuman cargas económicas, técnicas ni materiales” debido a las demandas de la digitalización, insistiendo en que estas responsabilidades sean “ejercidas y financiadas” por la Administración General del Estado a través de la DGT.
El partido propone la creación de “líneas específicas de financiación” para que los municipios puedan realizar las adaptaciones necesarias y seguir ofreciendo el servicio sin comprometer sus presupuestos. Asimismo, sugiere establecer mecanismos de diálogo con las entidades locales y autonómicas, incluyendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para tomar decisiones “con consenso y transparencia”.
Además, el PP enfatiza la necesidad de evaluar el impacto territorial y social de estas políticas, prestando atención a cómo afectan la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades, para evitar que la modernización excluya a ciertos ciudadanos basándose en su lugar de residencia.
En su argumentación, el PP recalca la importancia histórica de los centros de examen desplazados para asegurar un acceso equitativo al permiso de conducir, especialmente vital para los habitantes de zonas menos pobladas.
