QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Integrantes del Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer han expuesto ante la Comisión de Igualdad del Congreso las graves infracciones a los derechos humanos ocurridas en la época franquista en instituciones supervisadas por el Patronato de Protección a la Mujer, una entidad dirigida por órdenes religiosas desde 1941 hasta 1985.
Anna María Miñarro destacó que “muchísimas” mujeres acabaron con su vida “porque no tenían la fuerza de carácter suficiente para aguantar tanta indignidad”, debido a diagnósticos tendenciosos por parte del Patronato. Junto a María Forns, ambas buscan poner en relieve las serias violaciones de derechos sufridas.
Forns explicó que el Patronato operaba con pocos centros propios pero se apoyaba en una amplia red de centros colaboradores gestionados por congregaciones religiosas. Según sus palabras, las monjas perpetraban “violaciones sistemáticas de derechos humanos”, y las jóvenes podían ser internadas por razones diversas, desde un embarazo no matrimonial hasta actitudes consideradas rebeldes.
Además, relató que las internas eran sometidas a exámenes ginecológicos para verificar su virginidad, lo que influía en su destino dentro del sistema. Muchas eran encerradas simplemente por no encajar en el modelo femenino que promovía el franquismo. Forns también mencionó el tráfico de bebés en las maternidades vinculadas al Patronato y la necesidad de un reconocimiento y reparación oficial para las víctimas.
Por otro lado, el debate político se intensificó con intervenciones de varios partidos. Desde el PSOE, María Adrio señaló que se están preparando actos de reconocimiento y reparación, mientras que Patricia Rodríguez del PP abogó por una “memoria inclusiva”. Por su parte, Vox y Sumar expresaron sus posturas divergentes respecto a la interpretación y manejo del legado del Patronato de Protección a la Mujer.
