QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP que exige al Gobierno realizar un informe sobre el impacto y daños causados por el gran apagón del 28 de abril, incluyendo fallecimientos, daños personales y perjuicios para los sectores económicos afectados y el funcionamiento de los servicios públicos.
La propuesta era uno de los puntos incluidos en una moción consecuencia de una interpelación urgente a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. A pesar del voto en contra de PSOE, Sumar y Bildu a esta propuesta, el voto favorable de PP, Vox, Junts, BNG, Coalición Canaria y UPN y las abstenciones de PNV, ERC y Podemos han arrojado un resultado final de 180 votos a favor, 152 en contra y 16 abstenciones.
Otro de los puntos que se ha aprobado por el Congreso con el voto en contra del Gobierno ha sido una petición para recabar la información que se comparta con los investigadores europeos del apagón, especialmente con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) de la UE, la Dirección General de Energía de la UE, los equipos de investigación de Portugal, Francia y Entso-E, así como cualquier otra información pertinente que se reporte a otros organismos competentes.
DICTAMEN JURÍDICO DE LA CNMC
A su vez, la Cámara Baja ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo regulador independiente, un dictamen jurídico que delimite de forma clara el ámbito competencial respecto de la seguridad de suministro eléctrico que atañe al Gobierno, al operador del sistema y a la propia CNMC en España.
A esto se suma una petición para establecer un mecanismo de compensación para los ciudadanos que haga frente a los «desproporcionados» aumentos de los costes de luz con motivo de los servicios de ajuste y restricciones técnicas como consecuencia de la operación en modo segura del sistema eléctrico hasta la normalización de la operación.
La única propuesta de la moción que no ha prosperado ha sido una petición al Ejecutivo para incluir en los grupos de trabajo del Comité de análisis del apagón a las comunidades autónomas que así lo soliciten.
