El Pleno del Congreso afronta este martes, 19 de mayo, el debate de una proposición no de ley registrada por Sumar, con la que pretende introducir los cambios normativos necesarios para impedir la adquisición de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre” y suprimir las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario).
La coalición plurinacional ya llevó al Hemiciclo una iniciativa similar para impedir que los fondos de inversión pudieran hacerse con vivienda. Lo hizo mediante una proposición de ley en noviembre de 2025, que fue rechazada a trámite por el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el PNV optaron por la abstención.
El portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, manifestó entonces su malestar tanto por el bloqueo de aquella iniciativa como por la decisión de los socialistas, socios en el Ejecutivo de coalición, de no apoyarla.
Meses después, a comienzos de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de impedir que los grandes inversores y compañías puedan comprar viviendas unifamiliares en el país, y Vox se apresuró a respaldar esa propuesta, que en apariencia se asemeja a la planteada por Sumar.
En este contexto, Ibáñez avanzó que, dado que al partido de Santiago Abascal ahora le resultaba aceptable una medida de este tipo, Sumar volvería a llevarla al Pleno del Congreso. Finalmente será este martes cuando se discuta, si bien al tratarse de una proposición no de ley no tendrá efectos legislativos directos.
Objetivo de Sumar: fin de las socimis y más impuestos a grandes tenedores
Junto al veto a los fondos de inversión, Sumar incorpora en su iniciativa una petición dirigida al propio Gobierno del que forma parte para derogar “de forma urgente” la Ley de 2009 que regula las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi), así como establecer una carga fiscal más elevada para las empresas y fondos de inversión propietarios de vivienda que la que soportan las familias por su vivienda habitual.
La formación plurinacional sostiene esta reclamación argumentando que estas sociedades sólo abonan un 1% en el impuesto de sociedades, lo que habría favorecido la llegada a España de grandes inversores internacionales con el objetivo de profesionalizar el negocio inmobiliario, “mermando así el derecho a una vivienda digna”.
“España se ha convertido en el país con mayor número de socimis; quien hay detrás de esta figura son empresas, fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, que poseen más de 1.000 millones de euros en casas y juegan a la especulación, expulsan a la gente de sus barrios y vivienda y vulneran el derecho constitucional a la vivienda”, ha zanjado el grupo.