La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha dado luz verde este jueves, a propuesta del PP, a una resolución que urge al Ministerio de Cultura a destituir al director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, en caso de que a 31 de diciembre de 2026 el centro no disponga de un inventario completo y actualizado de todos sus fondos, así como de una valoración al día de sus bienes de patrimonio histórico conforme al Plan General de Contabilidad Pública.
La iniciativa, difundida por Europa Press y aprobada con 20 votos favorables y 13 en contra, reclama que el Reina Sofía tenga al día el inventario de los fondos bibliográficos en el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria y que este esté conciliado con la contabilidad. Igualmente, demanda que se revise y actualice la valoración de los Bienes Patrimonio Histórico y que se apliquen las normas de reconocimiento y valoración fijadas en el Plan General de Contabilidad Pública.
Si estas condiciones no se alcanzan, el PP plantea que Cultura proceda al cese de Segade en el supuesto de que antes de 2027 “no se hayan cumplido las dos premisas anteriores”. “No pueden seguir en peligro las obras de arte existentes en el Museo, así como las que son propiedad de la pinacoteca y no están debidamente localizadas”, ha advertido la formación.
En la sesión de la Comisión celebrada este jueves se han aprobado todas las propuestas de resolución registradas por PP, PSOE y Vox en relación con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía correspondiente al ejercicio 2021.
El PP reclama, además, que el Reina Sofía subsane con “urgencia las deficiencias que le impiden aprobar y rendir sus cuentas anuales en plazo” y que la pinacoteca impulse “activamente” las previsiones de la Ley y de su Estatuto en materia de personal, de forma que el museo cuente con una estructura de recursos humanos ajustada a sus necesidades reales.
Los populares también exigen que el museo ejerza un control “total y absoluto” sobre la totalidad de las piezas, tanto las que se conservan físicamente en sus instalaciones como las que están en depósito de terceros o cedidas fuera del centro, localizando aquellas que se hallen en situaciones irregulares. Paralelamente, reclaman una evaluación de los sistemas de seguridad y autoprotección, al tratarse de un museo nacional de arte.
Asimismo, se insta a Cultura a requerir informes mensuales sobre el inventario de obras hasta lograr ese control integral y a que el museo formalice sin demora los contratos de protección contra incendios y de seguridad imprescindibles para salvaguardar la integridad de la colección.
Por su parte, las propuestas del PSOE, que han salido adelante con 31 votos a favor y 2 en contra, instan al Reina Sofía a culminar la revisión del nuevo sistema de gestión y su despliegue en las distintas unidades del museo, con el objetivo de reforzar la eficacia de su organización interna. También reclaman que el centro elabore y apruebe “formalmente” manuales internos de procedimiento detallados para la contratación, los registros contables, la gestión de los ingresos y el registro de las obras de arte.
Vox critica la dependencia del Reina Sofía del dinero público
Vox ha presentado cuatro propuestas, aprobadas con 20 votos a favor y 13 en contra, en las que solicita que el Gobierno inste al organismo a diseñar un plan de viabilidad que permita “dejar de presentar pérdidas acumuladas y el aumento de la dependencia del presupuesto público”.
Del mismo modo, pide al Tribunal de Cuentas que se tome la “materialidad” como criterio esencial tanto en la realización de los trabajos de auditoría como en las conclusiones que sustentan la opinión de auditoría.
La formación de Santiago Abascal reclama también al Gobierno, en particular al Ministerio de Cultura y a los órganos rectores del Reina Sofía, que adopten con carácter prioritario las medidas necesarias para corregir las deficiencias que impiden al museo aprobar y rendir sus cuentas dentro de los plazos legales, llegando incluso a valorar la posibilidad de condicionar su financiación futura al estricto cumplimiento de dichos plazos.
Además, insta a completar la valoración de los bienes de Patrimonio Histórico y a aplicar las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública como soporte de los registros contables, de manera que en la memoria de las cuentas anuales se recojan todos los aspectos relevantes relacionados con las obras de arte.