El Partido Popular está utilizando su mayoría absoluta en el Senado para activar de forma sistemática la vía del conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, un instrumento hasta ahora inusual en la Cámara Alta y que en esta legislatura ya se ha puesto en marcha en torno a una decena de ocasiones contra el Congreso o el Gobierno. Esta lista se ampliará previsiblemente en el Pleno del próximo miércoles, cuando el PP tiene previsto aprobar un nuevo conflicto frente al Ejecutivo por el veto que ejerció en el Congreso sobre unas enmiendas a la Ley de Multirreincidencia que habían salido adelante en el Senado.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha impulsado estos enfrentamientos con el Congreso y el Gobierno por motivos muy diversos: la Ley de Amnistía; una norma que afectaba a presos de ETA; cambios en la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo en el Congreso a iniciativas legislativas del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; modificaciones en la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un Pleno.
El mecanismo del conflicto de atribuciones arranca a propuesta de un grupo parlamentario, en este caso el PP, y gracias a su mayoría absoluta se aprueba en el Pleno del Senado. Desde ese momento, la institución lo asume formalmente y lo remite al Congreso y/o al Gobierno.
A partir de ahí, Congreso y/o Gobierno disponen de un mes para responder desde la recepción del planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también pueden optar por no contestar y dar el asunto por concluido. Si la respuesta es negativa, el Senado tiene la opción de abrir el procedimiento para elevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Un precedente inédito con la Ley de Amnistía
El primer conflicto entre órganos constitucionales de la etapa democrática fue promovido por el PP hace ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este pulso con el Congreso por la Ley de Amnistía al considerar que se trataba de "una reforma Constitucional encubierta".
Este choque institucional, sin precedentes desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, continuó su tramitación hasta que el Congreso rechazó retirar la Ley de Amnistía, dejando la decisión final en manos del PP en el Senado.
Finalmente, los 'populares' aprobaron un mes más tarde un escrito en la Cámara Alta en el que dejaban sin efecto el conflicto de competencias sobre la Ley de Amnistía, renunciando así a remitirlo al Tribunal Constitucional (TC).
Más de diez conflictos en solo dos años
Tras el episodio de la amnistía, el PP abrió una senda de más de una decena de conflictos de atribuciones en los últimos dos años por distintos asuntos, varios de los cuales sí han terminado en el Tribunal Constitucional.
Uno de ellos se refiere a la ley que permite computar a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, ya que el PP defendía que el Senado había vetado esta norma y que el Congreso ignoró esa decisión.
El PP también planteó un conflicto ante el Constitucional contra Congreso y Gobierno por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, un escenario que, según los 'populares', se repitió con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.
En cuanto a la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP promovió un nuevo choque institucional desde el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a "revocar la corrección de errores" introducida "de manera fraudulenta" en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez concluida su tramitación parlamentaria.
Ausencias de Sánchez y pulso por los Presupuestos
Otro de los conflictos institucionales aprobados por el PP en el Senado se dirigió contra el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta.
Además, a finales del pasado año, el Senado acordó elevar al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno, a iniciativa del PP, por no cumplir con su obligación constitucional de remitir el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Igualmente, la Cámara Alta puso en marcha a finales de marzo los trámites para llevar ante el Constitucional el enfrentamiento con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en un Pleno extraordinario celebrado en enero.
En este contexto, el Pleno del próximo miércoles dará luz verde a un nuevo conflicto institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas en la ley contra la multirreincidencia que buscaban limitar el proceso de regularización de inmigrantes, reforzando el control de los antecedentes penales.