En una reciente sesión parlamentaria, el Gobierno declinó responder a las interpelaciones realizadas por Vox, que buscaban esclarecer hasta qué punto estaba informado sobre las supuestas actividades empresariales del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La administración actual esgrimió como razón el “no opina” sobre las acciones de exmandatarios, en línea con el respeto a las instituciones.
Esta postura se adoptó tras las revelaciones de que Víctor de Aldama, quien está vinculado al caso Koldo-Ábalos-Cerdán, tiene en su poder documentos que detallan los negocios de Zapatero en Venezuela, República Dominicana y China. Estos documentos apuntan a operaciones en el sector de los hidrocarburos y en la financiación de la Internacional Socialista.
Ante esta situación, el partido liderado por Santiago Abascal formuló varias preguntas al Gobierno sobre su conocimiento de estas actividades internacionales y si contemplaba iniciar investigaciones al respecto. También se interesaron por los mecanismos existentes para controlar, regular o supervisar y así evitar conflictos de interés o influencias indebidas de antiguos o actuales funcionarios en negocios internacionales.
La respuesta del Ejecutivo, facilitada por Europa Press, fue mantener la línea de no emitir opiniones ni valoraciones sobre las conductas de ex presidentes, fundamentándose en el “respeto institucional”.