Desde el Gobierno se ha señalado que las protestas realizadas frente a los centros de acogida para menores migrantes no acompañados tienen como objetivo intimidar tanto a los residentes como a los empleados, en lugar de cuestionar las decisiones gubernamentales.
“Es evidente que la intención de dichas manifestaciones es amedrentar a los residentes y trabajadores de los centros. Si la intención fuera criticar las decisiones del Gobierno, estas manifestaciones se producirían frente a las puertas de las instituciones públicas responsables de los traslados”, afirmó el Gobierno en un documento oficial, según informa Europa Press.
En un contexto de intercambio parlamentario con el partido Vox, el cual indagó sobre la supuesta ‘censura’ del destino de los menores trasladados de Canarias a la Península, el Ejecutivo respondió interrogantes sobre por qué se reserva esta información y cómo esto podría afectar a las comunidades locales.
“¿Por qué el Gobierno censura una información a la que tienen derecho todos los españoles? ¿Quiere el Ejecutivo evitar que los vecinos de los barrios, pueblos y ciudades donde vayan a ser destinados los menas protesten y critiquen que hayan sido enviados a sus localidades?”, cuestionaron desde Vox.
El Gobierno justificó su decisión de mantener en reserva los destinos de los menores, citando la protección del bienestar superior de los menores y la seguridad de los trabajadores involucrados, además de subrayar la importancia de mantener discreción sobre los destinos finales para evitar riesgos de seguridad.
Asimismo, se destacó que en los últimos tiempos se han observado actitudes xenófobas en algunas manifestaciones frente a estos centros. El Gobierno remarcó que cada traslado es notificado a las autoridades competentes y que las comunidades autónomas de destino son informadas, ya que sus gobiernos son elegidos democráticamente.
En cuanto a los datos solicitados por Canarias, se mencionó que 946 menores han sido aceptados en el Sistema de Acogida de Protección Internacional tras recibir una resolución favorable. Además, se enfatizó que la duración máxima habitual en el sistema es de dieciocho meses y se invitó a consultar las estadísticas oficiales para obtener más detalles sobre los trabajadores extranjeros adultos.














