QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, el Pleno del Congreso debatirá y decidirá sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2026 a 2028, un paso esencial antes de la introducción de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Esta propuesta enfrenta la resistencia de la mayoría absoluta formada por PP, Vox y Junts, que pretenden rechazarla.
El Gobierno ha intentado sin éxito aprobar esta senda de déficit en cuatro ocasiones previas durante la legislatura, encontrándose con obstáculos tanto en el Senado por parte del PP como en el Congreso por desacuerdos con Junts.
El martes, el Consejo de Ministros ratificó estos objetivos de estabilidad junto al llamado ‘techo de gasto’ para los Presupuestos de 2026, que alcanza un récord de 216.177 millones de euros y prevé un déficit del 2,1% para el conjunto de las administraciones en dicho año. Este techo de gasto no se somete a votación parlamentaria, solo los objetivos de estabilidad presupuestaria.
TECHO DE GASTO RÉCORD
Ante la constante oposición de PP y Vox y las advertencias de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, quien afirmó ‘Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que tuvo el año pasado’, el Ministerio de Hacienda ha limitado las votaciones sobre estos objetivos en el Congreso a un máximo de dos ocasiones. Si se rechazan ambas veces, se procederá con la presentación de los Presupuestos de 2026 basados en la senda de estabilidad enviada previamente a la Comisión Europea.
En caso de superar la votación en el Congreso, los objetivos se enfrentarán a un futuro incierto en el Senado. No obstante, una enmienda en la Ley de Paridad ha modificado la legislación para permitir que, tras un rechazo en el Senado, el proceso pueda continuar en el Congreso sin necesidad de reiniciar desde el Consejo de Ministros.
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, expresó su confianza en poder presentar los Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del próximo año. Además, el Gobierno aprobó la senda fiscal hasta 2028 con una progresiva reducción del déficit y un objetivo de deuda pública que se reducirá hasta el 99,1% del PIB en 2028.
