QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles en el Congreso que existan «interferencias» por su parte en la investigaciones que afectan a excargos del PSOE y familiares del presidente del Gobierno que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una unidad de la que ha destacado su «valía y honor» y que, según ha detallado, ha reforzado duplicando sus efectivos hasta superar los 550 agentes y su presupuesto en comparación con el último Ejecutivo del PP.
«No han escuchado ni escucharán de este ministro del Interior una sola palabra que ponga en duda la valía, la profesionalidad y el honor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha señalado Marlaska ante el Pleno en una comparecencia solicitada por el PP para abordar las supuestas interferencias en la UCO y el cambio en la Secretaría de Estado de Seguridad, con el nombramiento de Aina Calvo.
Además, ha puesto en valor la respuesta «contundente» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al conocer el informe de la UCO que implicaba al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en prácticas corruptas junto con José Luis Ábalos y Koldo García. «Reafirmamos nuestro máximo respeto al Poder Judicial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por supuesto, a los informes que éstas puedan elaborar», ha expuesto.
LA UCO, PIEZA CLAVE DEL ESTADO
Marlaska se ha remitido a otras intervenciones suyas anteriores para defender que la UCO, con 37 años de historia, trabaja «en dependencia funcional exclusivamente» de jueces y fiscales. «La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es una de las piezas clave del funcionamiento del Estado democrático y de derecho en nuestro país», ha reiterado.
«La UCO ha experimentado una evolución claramente positiva tanto en su estructura organizativa como en su dotación de personal», ha expuesto ante el Pleno del Congreso, detallando que ha pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes este mismo año. «Casi duplicando la plantilla», ha dicho, precisando que el catálogo de puestos de trabajo ha pasado de 420 a más de 580 plazas.
También ha especificado que recientemente se han convocado las pruebas de selección para cubrir vacantes en la UCO para 150 aspirantes de las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias, lo que se une al que en 2025 se ha reforzado sus capacidades operativas destinando a este unidad «el doble de presupuesto» comparado con el último del Partido Popular».
«Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino», ha enfatizado. Previamente, el PP ha aprovechado la sesión de control para alertar de que la cúpula de la UCO va a ser «purgada».
El ministro ha sostenido que con su Ministerio se respeta las actuaciones de la UCO como policía judicial y «no se utiliza su trabajo para intentar manipular a la opinión pública y mucho menos para tapar sus propios escándalos». «Díganme si todo esto no es un compromiso con la UCO y, por ende, con la lucha contra la corrupción por parte de este Gobierno», ha retado en referencia al PP.
DEFIENDE A SU EX ‘NÚMERO DOS’ FRENTE A «ESCÁNDALOS» DEL PP
En este sentido, ha vuelto a defender la labor desarrollada por su «excelente» secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, hasta su relevo por Aina Calvo. Frente a las «teorías de la conspiración», ha dicho, el primero dejó de ser su ‘número dos’ en Interior para «cambiar de rumbo» y volver a la judicatura, dejando atrás una «hoja de ruta intachable» en el Ministerio.
«Una hoja de servicio que, a pesar de sus mentiras», ha señalado en referencia al PP y Vox, «permanecerá y será reconocida como uno de los mejores momentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país», en contraste con la etapa de Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad con el PP y recientemente detenido en una operación relacionada con el hacker ‘Alcasec’.
Según Marlaska, «ha sido la derecha quien, desde el Gobierno, se ha servido de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para sus propios intereses», de ahí que haya acusado al PP de lanzar una estrategia de «mentiras» para «tapar sus escándalos» para acusarle a él y su equipo en Interior de estar salpicado por la corrupción. Además, ha dicho que está «convencido» de que los ‘populares’ están detrás de una «estrategia que supone un ataque directo al sistema democrático».
«Es la estrategia de la derecha y la ultraderecha que se sirve de cualquier medio, legítimo o no, y se sustenta en cualquier afirmación, sea o no verdad», ha añadido el ministro, que ha recurrido a la hemeroteca para rescatar declaraciones de cargos del PP, entre ellos la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, cuestionando la labor de las Fuerzas de Seguridad cuando investigaban la corrupción del PP.
En este sentido, Marlaska se ha centrado en los procedimientos judiciales, como el ‘caso Kitchen’, que afectan al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. «Es el Partido que convirtió hasta 2018 el Ministerio del Interior en el buque insignia de la corrupción en nuestro país», ha dicho, citando la «mal denominada policía patriótica» para «destruir, fabricar y difundir pruebas falsas contra los adversarios políticos».
«¿Pero saben qué ocurre? Que la Policía Nacional y la Guardia Civil están muy por encima de su falsa dignidad y de sus lecciones de supuesta limpieza democrática», ha continuado en alusión al PP, reiterando que los ‘populares’ lo que hicieron fue «atacar» a unidades como la UDEF de la Policía al investigar el ‘caso Gürtel’.
APAGÓN ELÉCTRICO Y CRÍTICAS A MAZÓN
En la comparecencia ante el Pleno, a petición del PP, Marlaska también se ha referido al papel del Ministerio del Interior durante el apagón eléctrico del 28 de abril, lo que ha aprovechado para confrontar con la gestión durante la dana del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
«Una emergencia se afronta trabajando, no haciendo lo que quiera que estuviera haciendo el señor Mazón el 29 de octubre, porque todavía no lo sabemos», ha dicho.
Marlaska ha explicado que la declaración de emergencia de interés nacional que reclamaba el PP está contemplada en la Ley 17/2015, de 9 de julio, que define el Sistema Nacional de Protección Civil para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas en este ámbito y regula las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
«Esta normativa establece que la emergencia nacional se puede declarar a instancia de las propias Comunidades Autónomas o, cuando es a iniciativa del Ministerio del Interior, exige la comunicación previa con la comunidad o las comunidades autónomas afectadas», ha indicado.
En este sentido, ha comentado que de las comunicaciones previas mantenidas durante el día 28 de abril con las comunidades autónomas se desprendía que no todas ellas, como principales conocedoras de la situación en su territorio, consideraban necesaria tal declaración.
En cambio, otras sí lo consideraron y desde el Ministerio «se procedió en consecuencia», ha añadido. «Así es como se lleva a cabo una gestión coordinada de la emergencia y así es como debe realizarse el proceso de declaración de emergencia nacional», ha enfatizado tras destacar el «civismo» de los españoles durante el apagón, con un descenso de la criminalidad «de casi el 50%» y menos siniestralidad vial.
