QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los miembros del Congreso tendrán que notificar a la Secretaría General o a la Oficina de Conflictos de Intereses sobre cualquier regalo inesperado que llegue a sus oficinas. Esta medida busca que la institución pueda decidir si se procede con la devolución del obsequio, su retención institucional o la posibilidad de una donación autorizada, asegurando que se deje registro de dicho proceso.
Esta actualización forma parte del protocolo instaurado por la Mesa del Congreso, que fue ratificado de forma unánime este martes. Además de estipular las conductas de los parlamentarios, extiende a letrados y asesores el límite de 150 euros en regalos institucionales recibidos durante viajes o eventos oficiales, norma que ya se aplicaba a los diputados.
El protocolo se enmarca dentro del Plan de Parlamento Abierto y tiene como objetivo establecer directrices ‘claras y homogéneas’ para la administración, seguimiento y divulgación de los regalos obtenidos en actos oficiales tanto por los diputados como por el personal que los representa, incluyendo letrados y asesores.
Se define qué se entiende por regalo a nivel institucional, se determinan los criterios de aceptación y se especifica el procedimiento interno de manejo de estos obsequios, promoviendo una política de transparencia activa.
El protocolo señala que no se aceptarán regalos de valor ni aquellos que puedan ser interpretados como un ‘intento de influir en decisiones o voto’. En caso de dudas sobre la intención o el origen del regalo, este será rechazado o tratado como institucional, enfatizando que solo se permitirán obsequios personales de familiares o amigos que no estén relacionados con la actividad parlamentaria y que sean de escaso valor, como merchandising.
El Congreso compromete a publicar proactivamente los detalles de los regalos institucionales en la sección de Transparencia de su portal, con actualizaciones periódicas cada tres meses, proporcionando información completa sobre cada obsequio recibido.
