QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno y sus socios habituales se fijaron como objetivo aprobar la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para regular la concesión de credenciales de prensa y establecer una suerte de código de conducta antes del verano. Y lo harán. El 8 de julio se celebrará un Pleno extraordinario con el debate de totalidad como único punto; y el 22, en la sesión plenaria escoba, dar luz verde definitiva y arrancar en septiembre una nueva etapa.
La iniciativa fue impulsada por todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox para, por un lado, establecer unas normas básicas de convivencia para sancionar a personas acreditadas que en multitud de ocasiones obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara Baja reventando ruedas de prensa o señalando compañeros; y por otro, para ampliar el voto telemático a unas circunstancias determinadas.
La enmienda de totalidad con texto alternativo registrada por el Partido Popular mantiene el grueso del redactado sobre el voto telemático, pero elimina de la iniciativa la parte relacionada con el establecimiento de unas normas de convivencia y las consecuentes sanciones. Los populares alegan que “el mantenimiento del orden y las posibles actuaciones que hubieran de adoptarse a tal fin en el interior del Congreso, en todas sus dependencias, es una función que corresponde en exclusiva a la Presidencia por mandato constitucional” y consideran que ya tiene herramientas para ello.
Por su parte, Vox apuesta por un texto alternativo surtido de propuestas que tiempo ha que plantean, como la supresión del uso de lenguas cooficiales (aprobado en esta legislatura), blindar una fórmula de acatamiento de la Constitución de los nuevos diputados, recortar el número de comisiones parlamentarias o prohibir el préstamo de diputados para permitir la constitución de grupos parlamentarios que no cuenten con el mínimo exigible.
Calendario
Ambas enmiendas de totalidad se debatirán el 8 de julio. La aritmética parlamentaria no es favorable a ninguna, por lo que serán rechazadas y la tramitación continuará.
Según fuentes de la Cámara Baja y del Grupo Socialista, la intención es que la tramitación sea estándar, esto es, que la proposición de reforma afronte la ponencia y la comisión como cualquier iniciativa, aunque pisando el acelerador.
Las mismas fuentes sitúan la ponencia en el 14 de julio y la Comisión de Reglamento, el 17, para poder elevar el dictamen al Pleno escoba del día 22.
El meollo de la cuestión
La Proposición de reforma del Reglamento del Congreso tiene por objeto regular la concesión de credenciales de prensa, así como establecer unas normas de convivencia que garanticen la labor de los profesionales de la información, orillando «comportamientos inaceptables», según reza la exposición de motivos de la iniciativa.
Se otorgaría a la Mesa del Congreso la potestad de fijar los requisitos que resulten exigibles para que la concesión y renovación de acreditaciones atienda al derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara. Entre los criterios para la renovación se tendría en cuenta la existencia de vulneraciones previas.
Los profesionales de los medios de comunicación deberán respetar en todo momento las reglas de cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa. Entre otras cosas, no se podrán realizar grabaciones gráficas o sonoras dentro de las dependencias de la Cámara sin autorización de la Presidencia.
Cada grupo parlamentario designará a una persona encargada que coordine las ruedas de prensa y los encuentros para garantizar el orden.
El incumplimiento de la normativa, así como de las reglas de cortesía parlamentaria, implicará la imposición de sanciones, que pueden ser leves, graves o muy graves.
- Leves: Constituirían infracciones leves la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial y/o el acceso a espacios de uso común ajenos a los acotados para los profesionales de los medios de comunicación.
En caso de reincidir en infracciones leves en más de dos ocasiones, se incurriría en una infracción grave.
Las infracciones leves se sancionarían con un apercibimiento y, en su caso, la suspensión de la credencial por hasta diez días hábiles. - Graves: Se entendería por infracciones graves la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial; la grabación de imágenes o audios sin autorización; el acceso a espacios reservados tales como despachos o zonas de reunión; interrumpir ruedas de prensa; no respetar las instrucciones del personal; publicar imágenes obtenidas contra la normativa aplicable, ya sea en medios o en redes sociales; así como cualquier comportamiento que pueda perjudicar el buen funcionamiento de la actividad en la Cámara.
En estos casos, la suspensión de la credencial podría oscilar entre los 10 días y los tres meses. - Muy graves: La inclusión de información falsa a la hora de solicitar la acreditación; la grabación de imágenes o audios mediante dispositivos ocultos; la interrupción del orden de las sesiones parlamentarias o cualquier tipo de comportamiento que perjudique gravemente la actividad; así como la reincidencia de infracciones graves.
Este tipo de infracciones podría sancionarse con la retirada de la acreditación entre tres meses y cinco años o, incluso, con la revocación definitiva de la misma.
Las sanciones se impondrán al infractor del medio de comunicación. Sin embargo, en los casos graves o muy graves, el medio no podrá sustituir a la persona por otra durante el tiempo que dure la suspensión.
Si la infracción se refleja en una publicación en un medio de comunicación que no indica la autoría, se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación por un tiempo de entre seis meses y tres años.
Además, se apuesta por crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que estaría integrado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y que contará con la presencia de entidades representativas de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. La Mesa de la Cámara regulará el funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de este órgano
El procedimiento sancionador se regirá por lo establecido por la Mesa de la Cámara. Iniciado un procedimiento sancionador, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria dispondrá de un plazo de quince días para la elaboración de un informe en el que podrá proponer, en su caso, la adopción de sanciones. Una vez elaborado el informe o transcurrido este plazo, la tramitación y resolución del procedimiento corresponderá a la Mesa de la Cámara.
Vote telemático
La propuesta de reforma del Reglamento incluye también la apertura del voto telemático en los siguientes escenarios:
- Embarazo, maternidad, paternidad, adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento, así como tratamientos de reproducción asistida.
- Motivos de salud o accidente.
- Necesidad de atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas dependientes.
- Fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Asistencia a actos o eventos de carácter internacional en representación del Congreso de los Diputados debidamente autorizados por la Mesa de la Cámara.
- Asistencia a reuniones y conferencias de representación institucional en el extranjero en cumbres europeas, iberoamericanas, de la OTAN, del G-20, así como reuniones oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, de sus Convenciones, o asimilados y otros compromisos de carácter internacional, cuando la participación en sus actividades oficiales impida la asistencia a la sesión plenaria.
- Otras situaciones excepcionales de especial gravedad que impidan el desempeño de la función parlamentaria debidamente justificadas.
Para solicitarlo, el diputado o diputada habrá de cursar solicitud mediante un escrito a la Mesa del Congreso justificando que concurre en alguna de las antecitadas circunstancias.
