QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha expresado su preocupación sobre cómo el Ministerio del Interior está manejando la asignación de pistolas Táser. Según informes, la Policía Nacional ya dispone de 1.600 de estos aparatos en funcionamiento, mientras que la Guardia Civil cuenta con tan solo 400.
Esta información se ha obtenido de una comunicación oficial del Gobierno en respuesta a una solicitud del PP, que buscaba cifras actualizadas sobre la distribución de estos dispositivos de inmovilización por descarga eléctrica.
“La Policía Nacional cuenta actualmente con 3.000 dispositivos inmovilizadores eléctricos, de los cuales 1.600 (Táser 7) ya fueron distribuidos, y 1.400 (Táser 10) están recibidos y pendientes de distribución, lo que se realizará en los próximos meses”, indicó el Gobierno en un documento datado el 23 de septiembre.
En cuanto a la Guardia Civil, “actualmente están en servicio 400 dispositivos electrónicos de control tipo Táser 7”. Además, el Gobierno ha mencionado que se está gestionando la compra de 800 dispositivos adicionales para el periodo de 2025 a 2028, resultando en la adquisición de aproximadamente 200 dispositivos cada año.
PENDIENTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP, ha manifestado su descontento en la red social X por la lentitud en la entrega de las pistolas Táser, tras siete años bajo la administración de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. “Marlaska lleva desde 2019 mintiendo”, declaró.
La proyección del Gobierno estima que la Policía contará con 3.000 dispositivos al finalizar la distribución, y la Guardia Civil llegará a tener 1.200 pistolas eléctricas para el año 2028.
El reparto de estas armas se rige por “criterios operativos, teniendo en cuenta los índices delincuenciales y el número de actuaciones e intervenciones por parte de las unidades responsables de garantizar la seguridad ciudadana”, explicó el Gobierno.
La Guardia Civil está trabajando para proporcionar a sus agentes el equipamiento necesario, siempre sujeto a la disponibilidad de fondos presupuestarios, para asegurar tanto su propia seguridad como la de los ciudadanos.
