QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley exigiendo que el Congreso solicite al Gobierno la ‘efectiva, completa y sin dilación alguna’ implementación de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la restitución de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena en Aragón, ubicadas actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
En la justificación de la medida, que ha sido documentada por Europa Press, el PP recalca que una sentencia emitida el 27 de mayo por el Tribunal Supremo establece de manera firme la devolución de estas obras a su sitio original, ratificando la propiedad aragonesa y rechazando los argumentos presentados por la Generalitat de Cataluña y el MNAC.
‘La sentencia del Tribunal Supremo es clara, definitiva y de obligado cumplimiento’, afirma el documento, agregando que no se permite ninguna interpretación o excusa que retrase o impida su cumplimiento. El PP critica que ‘resulta inadmisible que determinadas fuerzas políticas o instituciones, escudadas en intereses ideológicos o partidistas, pretendan obstaculizar o dilatar la ejecución de una resolución judicial firme’.
Además de reclamar la ejecución de la sentencia, la proposición solicita al Ministerio de Cultura, que forma parte del Patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que ‘coopere plenamente con las autoridades competentes del Gobierno de Aragón para facilitar la entrega, traslado y correcta reinstalación de dichas obras en el Monasterio de Sijena’.
El PP también pide asegurar que los procedimientos técnicos para la restitución de las pinturas se realicen ‘con todas las garantías de seguridad, conservación y respeto al valor artístico de las obras, conforme a criterios científicos y patrimoniales más adecuados.’
La PNL enfatiza que la devolución de las pinturas ‘es una deuda histórica con el pueblo aragonés y una obligación ineludible en un Estado de Derecho’, y señala que frente a cualquier tentativa de retraso o de reabrir debates técnicos o administrativos ya decididos por la justicia, el Congreso ‘debe posicionarse con firmeza del lado de la legalidad, de la protección del patrimonio y del respeto a las decisiones judiciales’.
