La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado que “todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes puedan regularizar su situación”, y ha pedido al mismo tiempo “solventar problemas administrativos” que puedan frenar o demorar el procedimiento. “Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema”, ha advertido.
En una comparecencia ante los medios en la Cámara Baja, ha subrayado que “Lo que quiero es que todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real decreto puedan regularizar su situación, porque este es el objetivo de cualquier norma, poder desplegar todos sus efectos. Tenemos que garantizarlo, no ponerlo por un lado y por otro que haya una serie de problemas. Si sabemos que hay algunos problemas, intentemos solventarlos”.
Martínez ha remarcado que, con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de la nueva norma, “más de 500.000 personas que viven en España” podrán “tener papeles para regularizar su situación”. A su juicio, “Lo que esto quiere decir España avanza en derechos. Estas personas, nuestras vecinas, que trabajan, que pagan impuestos, que construyen país cada día, van a poder vivir sin miedo. Sin miedo a una identificación y a ser expulsadas solo por no tener papeles”.
La dirigente de Sumar ha puesto en valor que la iniciativa “ha sido posible gracias a más de 900 organizaciones que se han dejado la piel para conseguir más de 700.000 firmas”, y ha reconocido “el trabajo en el Congreso” y de los ministros implicados: “Hemos dialogado, hemos negociado y hemos empujado para que este avance sea una realidad”. Según ha recalcado, “Porque esta regularización también va de eso, va del país que queremos ser”, insistiendo en que supone “un paso adelante en derechos, en justicia social y en democracia”.
En este contexto, ha cargado contra Vox y el Partido Popular, que, según ha dicho, “ha pasado de votar a favor de la tramitación de la ILP a difundir mentiras y bulos contra la misma”. En su opinión, “Feijóo y el PP han apostado por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país”.
Preguntada por la posibilidad de endurecer las condiciones del decreto de regularización, Martínez ha sostenido que la “regularización de personas migrantes es una cuestión que por derecho se tiene que producir”. Ha recordado que “Son personas que ya están trabajando, que pagan impuestos en España cada vez que van a comprar al supermercado, por ejemplo, y por lo tanto tenemos que conseguir que el Real Decreto cumpla con su cometido que es garantizar que esas 500.000 personas, que era el objetivo inicial de la ILP, puedan regularizar su situación”.
Por este motivo, ha explicado que Sumar ha defendido expresamente la ampliación de los plazos, así como un “refuerzo de los servicios de extranjería para atender la tramitación de las solicitudes”. Ha recalcado que “La norma pretende una regularización, lo dice en su exposición de motivos, y luego, si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema”.
SOBRE LA HUELGA EN LA OFICINAS DE EXTRANJERIA: “PODRÍA PERJUDICAR”
En este punto, se ha referido al aviso de Comisiones Obreras de convocar una huelga en las oficinas de extranjería. A su juicio, “Esto parece evidente que podría perjudicar a ese proceso”, aunque ha reiterado su “respeto y apoyo a las huelgas de todos los trabajadores, sean trabajadores públicos o trabajadores de las empresas privadas”.
Ha defendido que “Lo que tenemos que garantizar es que los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de extranjería puedan realizar su trabajo de manera razonable y que todas las personas que quieran presentar la documentación para regularizarse puedan hacerlo. Hay muchas maneras de conseguirlo”.
Por todo ello, ha reclamado que “la propia norma llegue a su finalidad” y ha explicado que Sumar continúa negociando “con todos los grupos parlamentarios”, salvo con el PP, “porque no permite ni un intercambio ni de pareceres, ni de datos, ni de nada”.
Martínez ha concluido que “Esperamos que lo que quede en la norma, finalmente, no limite la posibilidad de todas las personas que no tienen antecedentes penales para conseguir la regularización, porque entonces habríamos errado. Porque lo que queremos es que se regularicen todas las personas que no tienen esos antecedentes. Y problemas administrativos o de plazos no deberían obstar a que una persona pueda regularizar su situación para vivir con plenos derechos en un país”.