QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el pleno del Consell ha dado luz verde para que la Abogacía de la Generalitat presente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo impugnando el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, emitido por el Gobierno sobre la distribución de menores migrantes no acompañados, al considerarlo «unilateral» y que «invade» las competencias de la autonomía.
En una rueda de prensa tras el pleno extraordinario, Susana Camarero, portavoz del Consell y vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha explicado que este recurso se dirige contra la normativa que desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025. Ya en abril, el Consell había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra este, alegando que violaba la constitución en la distribución de competencias y que interfería en las competencias de la Generalitat en el sistema de protección de menores.
«El Gobierno de España nos manda a los niños, pero no va a colaborar financieramente en el coste del mantenimiento de los recursos necesarios para acoger con la dignidad que merecen estos menores, que se eleva a 45,5 millones de euros», reprochó Camarero. La acogida de 571 menores en la Comunitat Valenciana, aprobada por el gobierno central, cuenta con una asignación de 7,4 millones de euros para los tres primeros meses, lo que representa 35 euros diarios por menor, en contraste con los 219,85 euros que el sistema valenciano asigna diariamente por usuario.
Además, Camarero criticó que el decreto «no está justificado ni negociado» y cuestionó el criterio del Gobierno para «decidir cuántos menores van a cada una de las comunidades autónomas». Destacó que a regiones como País Vasco y Cataluña «le tocan cero menores frente a, por ejemplo, los 571 que le toca a la Comunitat Valenciana». También mencionó que no hay una planificación clara sobre el número de menores ni el momento de su llegada.
«CADA PASO QUE DÉ, LO VAMOS A RECURRIR», afirmó la consellera, indicando que el recurso es compatible con el interpuesto ante el Tribunal Constitucional y que no solo las comunidades del PP, sino también las del Partido Socialista, están en contra de esta medida unilateral del Gobierno de España. Subrayó que el decreto impugnado «lleva un reglamento de desarrollo» y que cualquier acto administrativo que lo desarrolle también será impugnado. Finalmente, destacó la postura del Consell de no tolerar la invasión de sus competencias y criticó la incapacidad del gobierno central en manejar la política migratoria y su distribución «absolutamente discriminatoria» de menores.
