QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Transportes encargada de debatir el proyecto de ley de movilidad sostenible, que en la práctica supondría el penúltimo paso del trámite parlamentario, ha sido desconvocada este mismo miércoles por el clima de tensión política acrecentado por las últimas informaciones que señalan a los exsecretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en presuntos casos de corrupción.
Fuentes de la comisión han confirmado a Europa Press que el actual panorama ha sido el determinante para desconvocar la Comisión, más si cabe cuando se trata de una ley que depende del Ministerio de Transportes y Ábalos fue jefe de este departamento.
Vuelve a encallar así una iniciativa legislativa que el Gobierno ya intentó aprobar en la legislatura pasada y de la que dependen 10.000 millones de euros de fondos europeos.
La norma viene de la legislatura pasada, cuando se aprobó en Consejo de Ministros y llegó a desembarcar en el Congreso para iniciar su trámite parlamentario. Sin embargo, el adelanto electoral del pasado año y la consecuente disolución de las Cortes no permitió completar su tramitación.
En este escenario, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recuperó el mismo texto que comenzó a tramitarse en la legislatura pasada y se comprometió a que entrara en vigor antes de que finalizara 2024. Sin embargo, la difícil aritmética parlamentaria del Congreso han ralentizado los planes del Gobierno y seis meses más tarde de la fecha prometida acontecerá la reunión en comisión sobre la ley.
MÁS DE 100 ENMIENDAS TRANSACCIONALES EN PONENCIA
La comisión se iba a producir después de que la ponencia encargada de debatir la ley a puerta cerrada se reuniera hasta en tres ocasiones y haya introducido hasta 102 enmiendas transaccionales al texto legislativo, según consta en el informe de la ponencia al que ha accedido Europa Press.
Uno de los aspectos más relevantes que ya se ha introducido a la ley es una reforma auspiciada por Sumar para que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea pactado con las comunidades autónomas y que, en las paradas que se supriman, sea el Estado quien les compense económicamente.
Otra enmienda de Sumar, ERC, Bildu y BNG introducida en la ponencia establece que el Gobierno hará un estudio con el que revisará las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que en estas se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional.
A su vez, el informe de la ponencia recoge una medida, auspiciada por Junts, para conceder beneficios fiscales al Mobile World Congres (MWC) para mantener su celebración en Barcelona.
De momento no hay fecha prevista para la comisión. Cuando esta se celebre será en una sesión abierta en la que los grupos parlamentarios intentarán introducir nuevas modificaciones al texto, bien sea con las enmiendas que han quedado vivas o con nuevas transacciones entre diferentes partidos. Después se elevaría al Pleno del Congreso.
