QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes una proposición de ley del PP para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético y revertir el cierre de las centrales programado para 2035.
Se producirá así un nuevo debate sobre la energía nuclear en la Cámara que se han agudizado desde el apagón del 28 de abril y que si bien encuentra posiciones diferenciadas entre oposición y gobierno, también ha originado diferencias entre el Ejecutivo y sus socios de investidura.
Precisamente en febrero se aprobó una proposición no de ley del PP que instaba a prorrogar la vida útil de las centrales por las abstenciones de Junts y Esquerra Republicana (ERC). Y además, el Partido Popular defenderá su ley en el Pleno después de que Endesa e Iberdrola presentaran el viernes una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares que el Gobierno de momento descarta.
La propuesta legislativa recogida por Europa Press define las condiciones de operación y cese de las instalaciones nucleares. El texto establece que el cese sucederá cuando el operador decide poner fin a la operación de la instalación, o cuando el Consejo de Seguridad Nuclear considera que no cumple las condiciones de seguridad requeridas.
EL PP VE EL CIERRE «INNECESARIAMENTE ANTICIPADO»
La formación de Alberto Núñez Feijóo considera que el cierre «innecesariamente anticipado» del parque nuclear acortando su potencial vida útil, no sólo contribuiría a generar precios eléctricos al alza, emisiones al alza y menor dotación de Enresa para cubrir costes de almacenamiento, sino también mayores importaciones de materiales y materias primas escasos, menor competitividad industrial y menor seguridad y estabilidad de suministro.
El PP apostilla que el cierre de las centrales incrementaría precios de electricidad y disminuiría garantía, estabilidad y continuidad de suministro. También cree que se deterioraría la balanza comercial (en lo que respecta a productos energéticos acumula el mayor déficit de los últimos años), incrementaría residuos y emisiones y complicaría la lucha contra el cambio climático.
Por todo ello, el Partido Popular presenta una propuesta para dotar a la operación nuclear «de la seguridad jurídica necesaria que aleje de intereses o prejuicios ideológicos su funcionamiento». El texto también introduce además criterios de seguridad de suministro entre los posibles supuestos que se pueden dar para mantener la operativa nuclear, siempre que cumplan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad nuclear.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS
La iniciativa también incluye una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos de Enresa para considera una extensión de diez años adicionales a lo establecido en el Protocolo de Intenciones para el cierre ordenado de las instalaciones.
También se plantea una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para que quede recogido el respeto del principio de neutralidad tecnológica; no contemplar el cierre de ninguna de las instalaciones de producción nuclear existentes; y establecer como principios de la planificación energética, la sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro en igual relevancia.
A su vez, el texto insta al Gobierno a que en un plazo no superior a seis meses se actualice la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, con una especial evaluación de los efectos para la seguridad de suministro y para la autonomía estratégica que supondría un posible cese de explotación de instalaciones nucleares.
