QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno mantiene su intención de celebrar a finales de julio el debate de totalidad del proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales, lo que será la primera votación en la Cámara, y todo ello pese a que el PP, Vox y Junts, los tres partidos que piden devolver el texto, suman mayoría absoluta.
La reducción de la jornada es el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para esta legislatura. La que también es líder de Sumar sabía de las dificultades que tendría para aprobar este proyecto ante la oposición de la patronal y la difícil aritmética parlamentaria actual.
En lo que respecta a la fase del diálogo social, Yolanda Díaz decidió seguir adelante con el proyecto sólo con el aval de los sindicatos y sin el apoyo de la patronal, lo que provocó que el PP se pasara de manera automática al voto en contra.
Aunque el proyecto se tramitó por la vía de urgencia, hubo varias prórrogas, pero esta misma semana se puso fin a las ampliaciones y PP, Vox y Junts registraron sendas enmiendas de totalidad que piden lo mismo, devolver el texto al Gobierno, por lo que se votarán a la vez.
El paréntesis estival podría llevar esta primera votación a septiembre, cuando se retoma el periodo ordinario de sesiones, pero según fuentes del Ejecutivo la intención es que ese debate se produzca en julio en el segundo Pleno extraordinario del mes.
A un mes de esa trascendental votación, el escenario se antoja complicado para el Gobierno, pues los grupos que presentan enmiendas de totalidad suman mayoría absoluta, a lo que se une el deterioro del clima político provocado por los presuntos casos de corrupción que implican a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, hasta el punto de que algunos socios ya dudan de la continuidad de la legislatura.
PELIGRO PARA LAS PYMES Y FALTA DE DIÁLOGO SOCIAL
En la justificación de las enmiendas que se registraron este miércoles, las tres formaciones venían a argumentar que el proyecto de ley venía sin el consenso del diálogo social y podría suponer un perjuicio para las pequeñas y medianas empresas.
Junts dijo que reducir la jornada de este modo podría ser una medida que puede perjudicar «gravemente» la viabilidad de las pymes, por lo que pide al Ejecutivo «abrir un proceso de diálogo social real y riguroso» que permita evaluar todas la implicaciones de una reforma de esta envergadura y, si procede, presentar una nueva propuesta «basada en la flexibilidad» y con un enfoque «equilibrado y gradual» que dé respuesta a las distintas realidades.
En lo que respecta a Vox, el partido de Santiago Abascal señaló que el proyecto de ley «lejos de buscar la prosperidad y bienestar de los trabajadores, pretende hacerles dependientes de las decisiones políticas», a lo que añadió que la norma equivaldría a «más precariedad» y «despidos».
Por su parte, el PP denunció que el proyecto viene sin el consenso del diálogo social y sin tener en cuenta elementos como la productividad o el absentismo. «Obligar por ley a reducir la jornada sin tener en cuenta la situación de los sectores ni los márgenes de productividad, supondrá un incremento de costes laborales, pérdida de competitividad, congelación de salarios y menor creación de empleo», argumenta el PP.
