QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales por ser una norma que viene sin el consenso del diálogo social y, en concreto, por no contar con el aval de la patronal.
Con la del PP, ya son tres las enmiendas de totalidad de devolución que se han presentado al proyecto liderado por Yolanda Díaz, pues Vox y Junts también han emprendido el mismo camino. Las tres formaciones suman mayoría absoluta en la Cámara y podrían dejar en la estacada al proyecto estrella de Sumar en la legislatura.
En la justificación de su enmienda, recogida por Europa Press, el Grupo Popular explica que se opone tanto «en el fondo como en la forma» y alega que una medida de semejante calado no se puede aprobar al margen del diálogo social e invadiendo competencias de la negociación colectiva.
La formación de Alberto Núñez Feijóo apostilla que mediante la sustitución de la jornada efectivamente pactada en muchos sectores, se estaría de alguna manera reemplazando a los titulares del derecho a la negociación colectiva y lesionando, por ende, el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva.
PIDEN QUE SE TENGA EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD
«Obligar por ley a reducir la jornada sin tener en cuenta la situación de los sectores ni los márgenes de productividad, supondrá un incremento de costes laborales, pérdida de competitividad, congelación de salarios y menor creación de empleo», denuncia el PP.
El grupo añade que la norma «impuesta» por la ministra de Trabajo se basa en argumentos «poco rigurosos y populistas» y no tiene en cuenta el tejido productivo del país, donde el 99,8% son pequeñas y medianas empresas y autónomos, que crean el 75% del empleo de España.
El PP recuerda que la CEOE ha estimado que una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas conlleva, en el caso de una reducción de las horas efectivas en la misma proporción, una pérdida de 990 millones de horas, con un coste para las empresas de 21.300 millones de euros. Cepyme prevé un coste directo 11.800 millones de euros; mientras que ATA estima que la reducción de jornada costará a los autónomos 12.000 millones.
Asimismo, el partido denuncia que tampoco hace distinciones entre unos y otros sectores, imponiendo su ley «imprudentemente, con meros fines electoralistas y sin tener en cuenta que los distintos sectores y territorios presentan características diversas».
Con este panorama, el Grupo Popular defiende una vía alternativa basada en el diálogo social y en acuerdos colectivos sectoriales que permitan adaptar la jornada de manera «realista, sostenible y justa», teniendo en cuenta elementos como la productividad, el absentismo y la reducción de la burocracia.
De su lado, el PP recuerda que la norma también recoge cambios relevantes en materia de registro horario y desconexión digital para garantizar el pago de horas extraordinarias, pero sin embargo la «rigidez normativa y la falta de seguridad y flexibilidad «también son comunes en la nueva regulación de estas materias.
DENUNCIA EL REGISTRO DIGITAL PROPUESTO POR TRABAJO
Desde la formación de Feijóo denuncian que la reforma impone un registro digital «mucho más estricto e intervencionista» y con unas sanciones «desproporcionadas» por incumplimiento.
Con todo ello, el PP asegura que está a favor de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores, pero siempre «en el seno del diálogo social, escuchando a todas las partes y en el marco de la negociación colectiva». Por eso, ha instado al Gobierno a una implementación gradual, progresiva y flexible, teniendo en cuenta las especificidades de nuestro tejido productivo y la diversidad sectorial y territorial.
«Imponer por ley lo que corresponde a la acción de la negociación colectiva, supone y evidencia un desconocimiento absoluto del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y de nuestro tejido empresarial», ha remachado.
