QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Ione Belarra, secretaria general de Podemos y anterior ministra de Derechos Sociales, de incitar al antisemitismo tras organizar un evento titulado ‘Defensa de Palestina y criminalización en Europa’ en el Congreso de los Diputados, con la participación de activistas a favor de Palestina.
‘El 3 de junio (de 2024), la diputada y exministra de Derechos sociales Ione Belarra organizó un evento en el Parlamento durante el cual las oradoras invitadas glorificaron el ataque de Hamás del (7) de octubre de 2023 contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir’, destaca el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. publicado recientemente.
Reacciones y contexto
En el segmento del reporte sobre ‘actos de antisemitismo e incitación antisemita’, se menciona que ‘grupos de la comunidad judía expresaron su preocupación por el uso de lemas que consideraban antisemitas por parte de políticos’.
El informe también resalta que el Ministerio del Interior ha notado un ‘aumento significativo en el número de delitos de odio antisemitas’, pasando de trece en 2022 a 23 en 2023, un incremento del 77 por ciento. El Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España ha reportado ‘múltiples incidentes antisemitas durante el año’.
Se ha documentado que estos incidentes incluyen discursos de odio antisemitas en redes sociales, amenazas de violencia contra personas judías y actos de vandalismo. Además, la Red Académica contra el Antisemitismo ha reportado un ‘ambiente hostil en los campus’ universitarios, con acoso a estudiantes y académicos judíos.
El informe abarca otros temas como la libertad de prensa y los derechos laborales, señalando que varias organizaciones no gubernamentales han criticado que la Policía sigue limitando la libertad de expresión bajo la ley Mordaza. Sin embargo, el análisis concluye que en España no se han observado ‘cambios significativos en la situación de los Derechos Humanos’ y que el Gobierno ha implementado ‘medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que han cometido abusos contra los Derechos Humanos’.
