QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo español ha tildado de exagerada la fianza de 150.000 euros que el Tribunal Supremo ha impuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el contexto de un juicio oral por un supuesto delito de revelación de secretos dirigido contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fuentes oficiales del Gobierno han expresado su descontento con la resolución del Alto Tribunal, indicando que la medida era anticipada y no les sorprende. Además, han reafirmado su apoyo a García Ortiz, subrayando que no consideran que deba renunciar, aunque enfrentará el proceso desde el banquillo de los acusados.
Así, el Gobierno se posiciona firmemente en defensa del fiscal y cuestiona la decisión del Supremo de llevarlo a juicio, algo que no sucedía en casi medio siglo de democracia. ‘Sigo sin saber qué secreto se ha revelado’, declaran desde el Ejecutivo.
ACUSADO POR REVELAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La acusación se debe a la decisión del juez Ángel Hurtado, quien considera que García Ortiz coordinó personalmente la divulgación de información sobre una investigación de delitos fiscales contra González Amador.
El juez argumenta que el fiscal cometió un delito de revelación de secretos al compartir con un medio de comunicación detalles confidenciales de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, buscando un acuerdo en la investigación por presuntos delitos fiscales.
Hurtado menciona que García Ortiz participó en un ‘frenético intercambio de comunicaciones’ con otros fiscales con el objetivo de ‘ganar el relato’ frente a otras informaciones que sugerían que fue la Fiscalía quien propuso un acuerdo al novio de Ayuso.
EL GOBIERNO CREE QUE LE JUZGAN POR DECIR LA VERDAD
El documento judicial también establece una fianza de 150.000 euros ‘a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias’, incluyendo posibles indemnizaciones por daños morales a González Amador, quien había solicitado 300.000 euros solo por este motivo, una cantidad que el instructor califica de excesiva. Se le otorga un plazo de cinco días para pagar esta fianza.
Desde el Gobierno, señalan que este monto generalmente depende de lo solicitado por las acusaciones, aunque lo consideran ‘una exageración’. Un miembro del Consejo de Ministros insiste en que el fiscal siempre ha defendido la verdad y ha combatido el crimen, y cree que se le está juzgando por mantener su integridad. ‘Hay que hacérselo mirar’, concluye.
SÁNCHEZ CREE EN SU INOCENCIA
Recientemente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reafirmó que ‘mantienen la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia’, mostrando ‘el máximo respeto’ por la decisión del Supremo durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, en una entrevista reciente en ‘TVE’, reiteró su apoyo al fiscal, afirmando su creencia en la ‘inocencia’ de García Ortiz y criticando la falta de consistencia en las acusaciones contra él, destacando que los cargos que enfrenta están relacionados con la investigación de un caso de corrupción que involucra a Díaz Ayuso.
