QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con la autonomía de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque ha rechazado las peticiones del Partido Popular de ofrecer disculpas tras el respaldo de algunos ministros a una información incorrecta que sugería que un antiguo agente de la UCO había planeado atentar contra la vida del presidente Pedro Sánchez colocándole una bomba lapa en su coche.
Este incidente, originado por las grabaciones de la militante socialista Leire Díez en búsqueda de evidencias contra la UCO, motivó al PP a llevar a cabo una propuesta en el Congreso, que fue aprobada el 19 de junio, solicitando al gobierno que cesara los ataques contra la Guardia Civil y pidiera disculpas por las informaciones ‘falsas o difamatorias’ mencionadas anteriormente.
MOCIONES Y PNLs ‘SIN EFECTOS JURÍDICOS VINCULANTES’
El PP solicitó al Gobierno comprobar si había atendido la moción, a lo cual el Ejecutivo respondió enfatizando que estas iniciativas ‘no tienen efectos jurídicos vinculantes’, ya que son herramientas de ‘orientación e impulso político’ que reflejan la postura del Parlamento pero que ‘pueden no coincidir con la del Ejecutivo’ en cuanto a las acciones o medios empleados.
Además, el gobierno expresó ‘el máximo respeto’ al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reiterando que la UCO actúa bajo la dirección de jueces y fiscales y asegurando que ‘no interfiere en esas investigaciones’, en referencia al ‘caso Koldo’ y a las indagaciones sobre la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díaz.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había detallado en el Congreso el 25 de junio las acciones relacionadas con este tema, remitiendo a las intervenciones oficiales registradas en el Diario de Sesiones. En una respuesta escrita a parlamentarios del PP sobre las acciones de Moncloa tras la moción aprobada el 28 de mayo en el Parlamento sobre la supuesta implicación del Ministerio de Hacienda en tramas de corrupción, el Gobierno reiteró la misma posición sobre la naturaleza no vinculante de las mociones y destacó que Pedro Sánchez anunció en julio la creación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto.
