El Congreso de los Diputados acelera la reforma de su Reglamento para introducir un régimen de sanciones a los parlamentarios que vulneren las normas internas de la Cámara. La decisión de retomar esta modificación llega días después de la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez, apartado del hemiciclo tras subir al estrado de la Mesa del Congreso y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ejercía la Presidencia en ese momento.
Antes de Semana Santa, la Mesa de la Comisión de Reglamento, órgano responsable de revisar las normas de la institución y en el que PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ya había rechazado varias enmiendas del PP a la única reforma reglamentaria que está actualmente en marcha.
Los populares utilizaron parte de sus propuestas para introducir cambios que iban más allá del contenido de la reforma registrada por el PSOE y que, además de establecer un régimen sancionador para los diputados, regulaba su relación con los grupos de interés. Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, PSOE y Sumar las inadmitieron alegando que no guardaban relación con el texto en tramitación.
El próximo martes está previsto que vuelva a reunirse la Mesa de la Comisión de Reglamento, con la intención de fijar ya la fecha de la ponencia en la que se discutirán las enmiendas presentadas a la reforma, registradas desde noviembre. Con ello se reanudará la tramitación de una proposición de ley impulsada por los socialistas hace casi un año.
Régimen sancionador por vulnerar el Reglamento o el Código Ético
La propuesta contempla la posibilidad de actuar contra los diputados o grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones fijadas tanto en el Reglamento como en el Código de Conducta de las Cortes Generales y, en particular, contra quienes no presenten las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, omitan datos o incluyan información falsa.
Las infracciones podrán ser puestas en conocimiento de la Comisión del Estatuto de los Diputados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso, una comisión o la Secretaría General de la Cámara, que decidirá si abre o no procedimiento. En caso de rechazarlo, deberá comunicarlo a la Mesa del Congreso, que dispondrá de un mes para revocar esa decisión.
Si aprecia motivos para investigar, la Comisión del Estatuto de los Diputados deberá escuchar al denunciado, practicar las pruebas necesarias y concluir la instrucción en un plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad de los hechos, podrá proponer sanciones graduadas desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida hasta la retirada de cargos internos y de complementos retributivos.
La última palabra sobre la sanción corresponderá al Pleno del Congreso y, si se aplicara la medida más severa, un diputado podría quedar percibiendo únicamente su asignación constitucional.
ERC y Bildu plantean endurecer las "puertas giratorias"
Aunque el esquema de sanciones apenas ha recibido enmiendas de calado, los grupos sí han presentado cambios en la parte relativa a la regulación de los grupos de interés. ERC y Bildu proponen que los ex altos cargos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan representar a grupos de interés en el Congreso hasta transcurridos cuatro años desde que abandonan esos puestos, con el objetivo de frenar las "puertas giratorias" entre lo público y lo privado.
La iniciativa del PSOE fija actualmente un veto de dos años para quienes hayan sido miembros de las Cortes o hayan ocupado altos cargos gubernamentales. Sin embargo, ERC y Bildu consideran insuficiente ese periodo y apuestan por duplicarlo.
En su enmienda, recogida por Europa Press, argumentan que así se refozarán "las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés", se asegurará un "marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés", se responderá a la demanda ciudadana de frenar las "puertas giratorias" y se avanzará en las recomendaciones internacionales sobre buen gobierno y lucha contra la corrupción.
Más cargos vetados para hacer lobby
El PNV, por su parte, no discute el plazo de dos años planteado por el PSOE, pero sí pretende ampliar el listado de quienes no podrán realizar labores de lobby en el Congreso a todo el "personal público subceptible de influencia", en línea con el proyecto de ley sobre actividades de los grupos de interés que permanece paralizado en la Cámara.
En concreto, el artículo 3 de esa Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés incluye como personas influenciables a los miembros de gabinetes que realizan funciones de confianza o asesoramiento al Gobierno, al personal directivo público y al resto de empleados de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participen en la toma de decisiones públicas, en la elaboración de normas y en la ejecución de políticas públicas.
De este modo, los nacionalistas vascos quieren extender la prohibición de actividad lobista en el Congreso a todos estos perfiles, además de a exdiputados y exsenadores durante los dos años posteriores a dejar sus escaños.
El PP ha presentado asimismo una enmienda específica sobre los exdiputados que lleven a cabo actividades de representación de intereses o de representación de carácter general directamente vinculadas al proceso de decisión del Congreso.
Su propuesta plantea que estos exparlamentarios deban informar a la Cámara de dicha actividad y que no puedan disfrutar, "a los exclusivos efectos de la actividad de influencia" y mientras la ejerzan, de "las prerrogativas concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la normativa establecida al efecto por la Mesa y sin perjuicio de lo establecido en el periodo de incompatibilidad".
Exclusión del tejido asociativo sin ánimo de lucro
Junts ha presentado enmiendas a la reforma del Reglamento para, entre otros aspectos, dejar constancia de que la actividad de influencia que se quiere regular en el ámbito parlamentario debe desarrollarse "de manera profesional".
Además, PNV, ERC, Bildu y BNG tratan de perfilar la proposición de ley para excluir a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro de esta regulación. Su intención es que estas organizaciones puedan seguir manteniendo contactos con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el futuro Registro de lobbies que se prevé crear.