QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP quiere que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas censure este martes la iniciativa de este órgano fiscalizador de analizar la transparencia de los distintos partidos políticos en un informe específico sobre su grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Con este objetivo, el PP ha registrado una serie de propuestas de resolución al citado informe del órgano que preside Enriqueta Chicano, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que se van a votar este martes.
El PP ya criticó esta iniciativa del Tribunal de Cuentas cuando Chicano explicó su contenido ante la comisión mixta y ahora ha puesto negro sobre blanco sus quejas, que tienen visos de ser aprobadas si logran el respaldo de Vox.
Aunque en sus propuestas el PP llama a asumir las conclusiones del informe y a tomar nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, también le insta a «ajustar su actividad fiscalizadora al marco competencial establecido legalmente», evitando incluir en sus informes «aspectos que no estén expresamente previstos en la normativa vigente» tales como los «contenidos web» o los «protocolos internos», en este caso de las formaciones políticas.
En este contexto, demandan que el tribunal sustente su fiscalización «exclusivamente en normas jurídicas concretas, vigentes y aplicables» y que no haga «valoraciones fundadas en principios generales del derecho que carezcan de desarrollo legislativo específico» para los partidos.
LA LEY DE TRANSPARENCIA NO LES AFECTA
Y es que, a juicio del PP, el tribunal debe abstenerse de extender «de forma indebida» las obligaciones de la Ley de Transparencia a los partidos cuando la norma no les incluye expresamente dentro de su ámbito de aplicación.
El PP también avisa al fiscalizador de que «sus planes estratégicos internos» no pueden convertirse en «fuentes de obligación» para las organizaciones políticas. «El impulso de valores como la transparencia, la igualdad de género o la sostenibilidad, si bien loables, no puede traducirse en exigencias si no están respaldadas por el marco legal aplicable», apostilla.
«Instar al Tribunal de Cuentas a rechazar las valoraciones cuantitativas arbitrarias, considerando inapropiado el uso de métricas y criterios numéricos para establecer grados de cumplimiento de principios de transparencia, cuando no existen obligaciones legales claras que sustenten tales evaluaciones», reza otra de las propuestas del PP, que avisa de que este tipo de enfoques «puede inducir a confusión o a interpretaciones subjetivas».
Por todo ello, el PP cree que el tribunal debería realizar una fiscalización «rigurosa, legal y objetiva dentro de los márgenes legales, con objetividad y respeto al estatuto jurídico de los partidos, como entidades de derecho privado reguladas por una normativa específica.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA
Los ‘populares’ buscan, asimismo, que las Cortes, insten al tribunal a garantizar el principio de seguridad jurídica, pues consideran que realizar fiscalizaciones antes de la finalización del ejercicio fiscal correspondiente puede afectar negativamente a esta seguridad y «producir situaciones de indefensión».
El PSOE y Sumar también han registrado propuestas de resolución, en su caso para pedir a los partidos que creen un apartado de transparencia accesible en sus páginas web, de fácil consulta. Los socialistas añaden que los documentos puedan ser consultados en castellano y la lengua cooficial del ámbito territorial del partido.
Los dos partidos del gobierno reclaman al resto a acreditar el cumplimiento de los plazos legales de publicación de los datos que exige la Ley de Financiación de Partidos mencionando en la web las fechas de publicación de las cuenta anuales.
CANAL DE DENUNCIA EN LA PÁGINA DE INICIO
Asimismo, también plantean que informen sobre los préstamos, subvenciones públicas y donaciones en apartados de sus web concretos y a no incluir esta información únicamente en sus memorias económicas.
Además, el PSOE apuesta por que cuelguen un «canal de denuncias» para comunicar posibles irregularidades en la página de inicio de sus portales web.
Por su parte, Vox aspira a que la comisión mixta emplace al Gobierno a cambiar la Ley de Financiación de Partidos para definir el concepto de donación finalista y a promover la definición de los beneficios por actividades promocionales en los partidos para «delimitar y concretar su ámbito», así como a elaborar una instrucción sobre cómo documentar, ordenar y registrar los beneficios por estas actividades promocionales.
