QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP plantea en la ponencia Política que debatirá y votará en el XXI congreso que la formación celebrará en Madrid entre los días 4 y 6 de julio endurecer las penas por malversación, ya que, según subraya, «la corrupción es un delito y una fractura moral que crece y se expande allá donde el atajo se tolera y dónde se premia al que obedece y consiente sin preguntar».
«España no puede conformarse con excusas ni admitir que quien ostenta el poder no asuma su responsabilidad. Porque el poder sin responsabilidad es abuso y donde hay abuso, no hay igualdad ante la ley: unos mandan sin control y otros obedecen sin remedio», asegura el PP.
Según el PP, cada euro del presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino y, su mal uso, «el máximo reproche penal». Por eso, se compromete a volver a «endurecer las penas por malversación, repensar los requisitos de acceso de los cargos y directivos públicos para que no sea una agencia de colocación por mera afinidad, y aumentar la exigencia en el cumplimiento de objetivos para garantizar la excelencia y la transparencia en el servicio público».
Así se recoge en el documento que han presentado este mismo martes en Sevilla sus ponentes: el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la eurodiputada Alma Ezcurra, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ahora se abrirá un plazo de una semana para que los militantes puedan presentar enmiendas al texto.
EVITAR INDULTOS DE FORMA «ARBITRARIA»
Además, el PP defiende en esta ponencia que el indulto «no volverá a ser un privilegio político» y promete reformar su regulación para «asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria, estableciendo criterios claros y objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley».
Los ‘populares’ aseguran que prohibirán expresamente su aplicación en delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores.
Además, el texto de la ponencia añade que «cuando se trate de personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas», exigirán una «tramitación reforzada, que incluya al menos la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados».
FIJAR POR LEY UN DEBATE ANUAL DEL ESTADO DE LA NACIÓN
En este mismo capítulo relativo a las Instituciones, el PP defiende que el Parlamento recupere su función «como elemento central de la política» en España, su prestigio y sus funciones. Por eso, apuesta por «mejorar el procedimiento legislativo, eliminando la posibilidad de enmiendas intrusas y dilaciones injustificadas en la tramitación; limitar al máximo el uso de procedimientos extraordinarios y velar por los derechos de todos los representantes políticos para que puedan desarrollar su labor con autonomía».
Además, destaca que las normas «con evidente trascendencia constitucional, particularmente en el ámbito de la Justicia, deben ser informadas siempre por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y cuantos órganos independientes sea aconsejable con el fin de asegurar un debate técnico riguroso, la transparencia del proceso legislativo y las garantías propias de un Estado de Derecho». Ésta ha sido una de las principales críticas del PP al Gobierno de Sánchez en esta legislatura.
Asimismo, el PP considera que hay que «institucionalizar el diálogo democrático, obligando por ley a un debate anual sobre el Estado de la Nación y un régimen periódico de reuniones entre oposición y Gobierno».
PROMETE CAMBIOS PARA QUE NO PRESENTAR PGE TENGA «CONSECUENCIAS»
Además, el PP subraya que «no es aceptable que en una democracia parlamentaria el Gobierno de la Nación no presente un proyecto de Presupuestos, sin que ello tenga consecuencias» y promete hacer «todos los cambios normativos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir».
El partido de Alberto Núñez Feijóo también apuesta por «replantear el papel del Senado» y subraya que «no basta con declarar la culminación de su transformación como verdadera Cámara de representación territorial».
A su juicio, hay que dotar al Senado de «verdaderas competencias, como el derecho de veto legislativo en asuntos que afecten especialmente a las Comunidades Autónomas, para que trabaje con independencia por los territorios, de forma complementaria a la labor del Congreso».
«NEUTRALIDAD» DEL PRESIDENTE DEL CIS Y OTRAS INSTITUCIONES
El PP también se compromete a garantizar «la neutralidad» de los presidentes, directores y responsables de organismos independientes del Estado como el Consejo de Estado, Banco de España, Defensor del Pueblo, CNMC, CNMV, CIS, entre otros.
«Aseguraremos que no hayan ocupado puestos como cargo electo, miembro de gobiernos o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial en los últimos cinco años», asegura, para añadir que «más allá del control parlamentario ordinario, deberán comparecer en el Congreso con carácter previo a su nombramiento».
Asimismo, el PP ve «imprescindible» afrontar la reforma de la Administración. A su entender, la jubilación de miles de efectivos en los próximos años debe ser aprovechada para «una verdadera modernización de los órganos públicos».
El PP defiende «reforzar el sistema de contrapesos políticos para garantizar que el ejercicio del poder en España no pueda volver a ser violentado». Según añade, las instituciones «están al servicio de la ciudadanía y no son propiedad de ningún partido» y ello debe reflejarse de una manera clara en la Constitución.
