ERC exige aclaraciones al Gobierno por la eliminación de la comisaría de Via Laietana de los Espacios de Memoria

Esquerra Republicana (ERC) ha solicitado al Gobierno explicaciones en el Congreso tras haber removido la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en Vía Laietana, del registro oficial de Espacios de Memoria Democrática. Según ERC, este acto representa un retroceso dado que en dicho lugar se llevaron a cabo torturas durante el franquismo y los primeros años de la transición.

La agrupación independentista ha venido insistiendo en que esta comisaría sea convertida en un centro integral de memoria democrática. Critican que el edificio ya no figure en el reciente catálogo de Espacios de Memoria divulgado por el Ministerio de Política Territorial como parte del programa «España en Libertad».

ERC considera que «este edificio simboliza décadas de represión, tortura y persecución política» y argumenta que su transformación en centro de memoria cuenta con un «amplio respaldo institucional» en Cataluña. Por otro lado, desde el Gobierno destacan que el Ministerio del Interior no planea ceder dicha comisaría debido a su importancia estratégica para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad.

UNA «GRAVE REGRESIÓN»

Para ERC, esta exclusión es una «una grave regresión» en los aspectos de verdad, justicia y reparación. Por ello, su diputado Frances-Marc Álvaro ha presentado varias iniciativas demandando explicaciones.

Desean conocer las razones detrás de la exclusión y por qué el Gobierno se opone a desalojar la comisaría. Asimismo, solicitan información sobre la falta de progreso y la inexistencia de un calendario definido para su reconversión en espacio de memoria democrática. También cuestionan cómo esta decisión afecta la credibilidad de la Ley de Memoria Democrática y reclaman garantías de que esta medida no está motivada por intereses partidistas.

Según ERC, «mantener operativa una comisaría en un lugar de alto valor simbólico y negarle su condición de lugar de memoria es una afrenta a las víctimas del franquismo y una contradicción con los principios democráticos que el Gobierno asegura defender».