QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este viernes, el Gobierno español intentará obtener el apoyo político en una reunión de ministros de la UE para evaluar su propuesta de reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Este paso se da después de varios intentos infructuosos de lograr que la medida, que necesita el consenso unánime de los países miembros, se someta a votación.
Desde el acuerdo de agosto de 2023 con Junts para defender la oficialidad del catalán en la UE, necesario para la investidura de Pedro Sánchez, el tema ha sido incluido en seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Sin embargo, esta vez el tema no se presenta como un «punto para adopción», sino solo para debate, dejando espacio al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, para pedir una votación si lo considera oportuno.
El debate en mayo fue «duro», según fuentes diplomáticas de Europa Press, con Alemania expresando su oposición. Las delegaciones mantienen reservas citando la falta de respuestas a sus preguntas sobre las implicaciones legales, prácticas y financieras de modificar el reglamento de lenguas. Además, los servicios legales expresan dudas y sugieren que podría necesitarse una reforma de los Tratados para tener una base legal sólida.
Algunas delegaciones ven un cambio en la estrategia del Gobierno español, interpretándolo como un gesto de «apertura y pedagogía». Sin embargo, insisten en que se necesita un «trabajo preliminar exhaustivo» para avanzar en esta cuestión. Este cambio podría permitir tomar la petición más en serio y explorar la posibilidad de un apoyo mayoritario entre los Estados, por ejemplo, mediante grupos de trabajo o evaluaciones de impacto por parte de la Comisión y el Consejo.
Las principales preocupaciones de los países con reservas se han mantenido desde la primera vez que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, planteó la cuestión en 2023, pero no han sido abordadas satisfactoriamente en las reuniones posteriores del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Albares defendió desde Bruselas que las lenguas cooficiales deberían ser «oficializadas pronto» pues la situación actual constituye una «discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional».
En la víspera de la reunión, los presidentes de Cataluña y País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, han aumentado la presión sobre la UE con una carta enviada a los ministerios de Exteriores de los 27, reclamando «justicia lingüística» para una iniciativa con «amplio respaldo social», a la que no se ha unido el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.
