Exigen en el Congreso eliminar la impunidad del franquismo tras medio siglo

Este miércoles, miembros de la Coordinadora de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) han presentado ante el Congreso una petición para poner fin a los «50 años de impunidad» que han seguido al régimen. La solicitud ha contado con el respaldo de Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Desde la plataforma, se han planteado varias exigencias que han logrado el apoyo de alrededor de cien organizaciones memorialistas. Estas organizaciones consideran que, a pesar de que este año se cumple el cincuentenario de la muerte del dictador el 20 de noviembre, «todavía se mantienen impunes los crímenes contra la humanidad cometidos durante más de 40 años de dictadura».

Sabino Cuadra, exdiputado de la coalición abertzale Amaiur, ha criticado duramente la Transición, señalando que tras la muerte de Franco, el poder siguió en las «mismas manos» y no se llevaron a cabo las depuraciones necesarias en los grandes estamentos del Estado.

Según CEAQUA, la persistencia de este «muro de impunidad» se debe a la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Constitucional ha aclarado que esta ley no permite procesar los crímenes franquistas.

INCOMPATIBLE CON LA REGENERACIÓN

Rosa García ha manifestado que desde que la ley entró en vigor, se han presentado varias querellas, todas desestimadas, lo que motiva a la plataforma a pedir la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. «Seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación de los crímenes franquistas resulta incompatible con políticas de regeneración democrática, siendo estas absolutamente necesarias para expulsar de nuestras instituciones las múltiples lacras heredadas de la dictadura que aún perviven», afirma la coordinadora.

Además, solicitan la reforma del Código Penal para incluir el principio de legalidad internacional, una nueva Ley de Secretos Oficiales que respete los principios democráticos de transparencia y la aprobación de una ley específica para los bebés robados durante la dictadura.