El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha decidido intensificar su estrategia política a raíz del goteo de denuncias por presunto acoso sexual que golpea al PSOE. Al ya conocido ‘caso Salazar’ se han sumado nuevas acusaciones que afectan a distintos cargos socialistas, y los ‘populares’ ven en este contexto una oportunidad para abrir un nuevo frente contra la vicepresidenta primera y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, más allá de las causas relacionadas con la corrupción.
La dirección del PP pretende impedir que, con la llegada de las vacaciones navideñas, el PSOE de Pedro Sánchez logre alejar del debate público lo que consideran una actuación “errónea” ante estas denuncias, especialmente en el caso de Francisco Salazar, que ha generado malestar interno en la militancia socialista, según señalan fuentes del partido consultadas por Europa Press.
Aunque esta semana tuvo lugar la última sesión de control del año en el Pleno del Congreso, en el PP avanzan que mantendrán la presión sobre Pedro Sánchez y, de forma particular, sobre María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, a quien responsabilizan también de cómo la cúpula socialista ha gestionado las denuncias que se han ido conociendo en las últimas semanas.
De este modo, el PP ya no limita sus críticas a Montero al terreno de la corrupción —tras la detención del expresidente de la SEPI y en medio de la sucesión de investigaciones judiciales que afectan al PSOE—, sino que asegura haber encontrado un nuevo flanco para tratar de arrinconar a la futura candidata en las elecciones andaluzas de 2026, según admiten fuentes ‘populares’.
La consigna que se repite en ‘Génova’ es trasladar públicamente que el ‘caso Salazar’ no es un “caso aislado” y que el PSOE carece de autoridad moral para dar “lecciones de feminismo”. “Les han pillado ocultando un delito de acoso sexual”, recalcan desde el equipo de Feijóo, convencidos de que estos “escándalos” pueden provocar una mayor “sangría de votos” en el PSOE que los casos de corrupción.
Más denuncias y otros frentes abiertos
Además de la polémica interna en el PSOE por la “nefasta” gestión de las acusaciones contra Salazar, exasesor en Moncloa de Pedro Sánchez, en los últimos días han aflorado otros episodios. Entre ellos, el de Antonio Navarro, exsecretario general socialista en Torremolinos (Málaga), denunciado por una mujer por presunto acoso sexual y suspendido de militancia por el partido; y el del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha presentado su dimisión y ha abandonado sus cargos en el PSOE tras ser acusado también de acoso sexual.
El jueves se sumó otro nombre a la lista: el del exdelegado del Gobierno en Castilla y León Javier Izquierdo, hasta entonces secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal socialista, que decidió dimitir tras trascender una denuncia de presunto acoso sexual.
A ello se añade la renuncia del alcalde de Belalcázar (Córdoba) después de hacerse públicos mensajes de contenido sexual dirigidos a una trabajadora municipal, así como la investigación interna abierta por el partido ante dos denuncias de acoso sexual y laboral contra el vicesecretario del PSPV en la provincia de Valencia.
En paralelo, en ‘Génova’ también señalan las conversaciones de tono machista del exministro José Luis Ábalos con su exasesor Koldo García, las rebajas de condena y excarcelaciones de agresores sexuales derivadas de la ley del “solo sí es sí”, y los recientes fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras de control para maltratadores.
Acusaciones de “hipocresía” y debate sobre el feminismo
Fuentes de la cúpula del PP admiten que casos de acoso sexual pueden aparecer en cualquier formación política, igual que en empresas u otras instituciones, pero subrayan que la clave está en la reacción ante las denuncias. En su opinión, en la sede socialista de Ferraz se habría intentado “dar carpetazo” a estos asuntos.
El PP acusa al PSOE de “hipocresía” por “alardear” de feminismo y de defensa de las mujeres mientras “las denuncias de acoso en sus filas las tiraban a las papeleras”. “La indecencia no sólo es la corrupción sino también el machismo”, afirma la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
En la dirección del PP consideran, además, que lo que está aflorando “es el ‘me too’ dentro del Partido socialista” y reprochan a los socialistas que pretendan “silenciar” las denuncias, así como las discrepancias internas sobre si se debe acudir o no a la vía judicial, en referencia a las posiciones expresadas por Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias.
La vicepresidenta Montero admitió el viernes que “hay muchas cosas que mejorar” en el protocolo antiacoso del PSOE, aunque advirtió de que, cuando exista “un claro delito”, su recomendación a las mujeres es acudir “directamente a la Fiscalía o a los tribunales ordinarios”.
Montero, además, reprochó al PP que le exija explicaciones por el ‘caso Salazar pero “no” las ofrezca en relación con el “caso” del alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Popular, José Ignacio Landaluce, señalado por supuesta violencia machista contra dos concejalas de su ayuntamiento. El regidor ha solicitado la baja temporal en el Partido Popular para poder defenderse de la denuncia presentada por el PSOE ante el Tribunal Supremo.
El PP exhibe su protocolo y marca distancias
El PP de Feijóo reivindica su propio sistema interno de actuación ante posibles casos de acoso sexual, que contrapone a la actitud de “parálisis” que, a su juicio, habría mostrado el PSOE. “El Partido Socialista ha fallado en todo lo que podía fallar y pasará mucho tiempo hasta que pueda recuperar cierta credibilidad para hablar de este tema”, sostienen fuentes ‘populares’.
Desde ‘Génova’ remarcan que su “procedimiento es distinto de raíz” e incorpora un “trámite de audiencia”, de manera que “cuando llega una denuncia de acoso sexual se analiza”, explican fuentes del partido, que insisten en que existe un canal interno específico y un “protocolo” que se activa ante cualquier señalamiento de este tipo.
El PP subraya que dispone de una Oficina de Compliance encargada de estudiar las denuncias que se registran. En su Código Ético y de Conducta, la formación recoge literalmente: “Se prohíbe realizar en el entorno laboral y de actividad del Partido Popular actos de acoso moral o sexual, o cualquier otro similar que pueda considerarse como acto de acoso conforme a la normativa interna del partido en materia de prevención del acoso laboral”.











