QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Instituto Juan de Mariana ha emitido una advertencia sobre un «preocupante deterioro» en la seguridad jurídica en España, resultado de ciertas prácticas políticas del Gobierno actual, tales como la «politización» de organismos importantes como el Tribunal Constitucional, un empleo «excesivo» del real decreto-ley, y una «creciente imprevisibilidad regulatoria».
El ‘Índice de Seguridad Jurídica 2025’ del IJM, que compila diez indicadores de fuentes internacionales reconocidas, ha colocado a España en el vigésimo lugar entre 27 naciones de la Unión Europea, con un puntaje de 6,5 sobre 10. Este resultado «refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las democracias europeas con mayor solidez».
Este índice, que desglosa variables esenciales para la integridad democrática y sus instituciones, también evalúa la calidad del funcionamiento judicial, la limitación de poderes del Gobierno y sus contrapesos, y la calidad democrática en general, incluyendo pluralismo, libertades y controles, además del derecho a la propiedad y la previsibilidad fiscal.
Desde el año 2000, «España ha seguido una trayectoria descendente en el Índice de Seguridad Jurídica». «Tras alcanzar un pico de 7,9 puntos hace ahora 22 años, el Reino ha experimentado un deterioro sostenido que se frenó de 2014 a 2019, para volver a entrar en una fase de retroceso desde entonces», señala el instituto, añadiendo que «la llegada a la Presidencia de Pedro Sánchez coincide con las peores puntuaciones históricas del seguridad jurídica en España».
Entre los factores que contribuyen a este «empeoramiento» se encuentran la «creciente imprevisibilidad regulatoria», «las frecuentes modificaciones legislativas sin suficiente evaluación de impacto», «la excesiva complejidad normativa», «la falta de transparencia en los procesos administrativos» y «la falta de estabilidad en la tributación». Estos elementos «incrementan la incertidumbre para empresas y ciudadanos, lo que dificulta tanto la planificación a medio y largo plazo como la toma de decisiones económicas».
«El retroceso en la seguridad jurídica tiene repercusiones directas y visibles en el ámbito económico, destacando especialmente la caída en la inversión extranjera directa neta observada en 2024. Dicha inversión cayó un 5% respecto al año anterior, alcanzando los 22.757 millones de euros, cifra considerablemente inferior a los años previos», indica el Instituto Juan de Mariana. Además, señalan que «la creciente percepción de incertidumbre y riesgo regulatorio en España» ha llevado a inversores internacionales a reconsiderar sus decisiones de inversión debido a las frecuentes amonestaciones por parte de tribunales internacionales.
Finalmente, el Instituto sostiene que hay una relación directa entre la seguridad jurídica y la renta per cápita, con los países que exhiben mayor seguridad jurídica mostrando también los niveles más altos de prosperidad económica, como es el caso de Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo en la Unión Europea.
