QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha manifestado su preocupación después de que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, presentara su dimisión este lunes. Maíllo ha calificado la situación de “golpe institucional” y ha criticado duramente la actuación del Tribunal Supremo, a la que ha tachado de “casi prevaricadora”.
El también candidato de Por Andalucía a la presidencia del Gobierno andaluz ha señalado que la manera en que el Supremo ha comunicado su sentencia, sin haber redactado aún su contenido, constituye una “falta de respeto” y una “ruptura de la lealtad institucional”.
“Estamos ante un golpe institucional, con juicios que parecen tener una sentencia predeterminada”, ha afirmado Maíllo, quien además ha expresado que los argumentos “formalistas” no tienen lugar en este contexto. Ha continuado explicando que la forma en que se ha tratado al fiscal general y la comunicación de la sentencia sin sus fundamentos jurídicos son “una clara señal de que hay elementos que buscan desestabilizar al gobierno y atacar la democracia”.
Maíllo ha criticado a “aquellos jueces que se dedican a hacer política” y ha relacionado sus acciones con la frase “el que pueda hacer, que haga” del expresidente José María Aznar, interpretando la sentencia como un medio para forzar la dimisión del fiscal general por motivos políticos.
“El daño ya está hecho”, lamentó Maíllo, aludiendo a la falta de claridad en los fundamentos de la sentencia, que aún están por redactarse. Predijo que la explicación de la sentencia tardará en ser conocida debido al “suflé comunicativo” que ha generado el caso en la opinión pública.
Estas declaraciones se producen tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, quien dimitió tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. En una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, García Ortiz expresó: “El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general”, según recoge Europa Press.
