QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El partido Junts ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, solicitando al Gobierno que impulse una modificación del Estatuto de Roma para que el ‘apartheid de género’, atribuido a los talibanes en Afganistán, sea procesado por la Corte Penal Internacional.
El documento, impulsado por la diputada Marta Madrenas y destinado a ser debatido en la Comisión de Exteriores, pretende actualizar el derecho internacional para abarcar formas de opresión sistemática contra las mujeres que actualmente no están completamente contempladas en las figuras penales existentes.
La noción de ‘apartheid de género’ emergió con la opresión del régimen talibán original en Afganistán, cuando activistas de derechos humanos del país definieron por primera vez este término. Según Junts, con el retorno de los talibanes, se está repitiendo una ‘atroz segregación, control y subordinación de las mujeres y las niñas’, incluyendo restricciones severas como la prohibición de la educación secundaria, el empleo, salir solas, mostrar el rostro o hablar en público.
El texto también resalta las repercusiones directas en la salud y la vida de las mujeres afganas, destacando la prohibición de que médicos hombres traten a mujeres, lo que predice la desaparición futura de médicas dado la falta de educación femenina. Además, menciona la falta de asistencia médica a mujeres heridas en recientes terremotos.
Además, Junts amplía su crítica a Irán, donde las políticas opresivas hacia mujeres y niñas se intensifican, incluyendo un nuevo proyecto de ley sobre ‘hiyab y castidad’ que impone penas más duras. Resaltan que una misión de la ONU ha identificado un nuevo patrón de condenas a muerte de mujeres activistas en Irán. A pesar de la documentación extensa sobre persecuciones de género, ‘el derecho internacional actualmente no reconoce el crimen de apartheid de género’, afirma el partido.
Por estas razones, la PNL insta al Gobierno a trabajar por la inclusión del ‘apartheid de género’ en la futura Convención de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad y modificar el Estatuto de Roma para su procesamiento en la Corte Penal Internacional.
