QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La reforma de la Ley que regula el derecho de asociación impulsada por el PSOE para poder disolver a las entidades que hagan apología del franquismo y que el PP diluyó con sus enmiendas haciendo uso de la mayoría absoluta que tiene en el Senado, regresa este jueves al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
Los partidos del Gobierno y sus aliados intentarán revertir las modificaciones introducidas por los ‘populares’ en la Cámara Alta y recuperar el texto que salió del Congreso para que sea el que se envíe al Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el Senado suprimió el apartado uno de la norma, en el que se habla de la posibilidad de disolver asociaciones franquistas, e introdujo enmiendas para abrir la puerta a la extinción de las que hagan enaltecimiento del terrorismo o las que provoquen «humillación» a las víctimas.
Los letrados del Senado alertaron en un informe de que esta reforma tenía visos de inconstitucionalidad, aunque la Mesa de la Cámara Alta decidió admitirla a trámite para no correr el riesgo de prevaricación.
MANDATO DE LA LEY DE MEMORIA
El texto que salió del Congreso explica que esta proposición de ley busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones como la Fundación Franco, los intentos de disolución siguen otro camino, pues dependen del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos hace justo un año.
No obstante, ante la posibilidad de que la fundación intente transformarse en asociación para evitar su extinción, el PSOE optó por impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación, según han explicado fuentes parlamentarias.
En concreto, se propone incluir en la ley vigente una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe, la guerra o la dictadura o con «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».
Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que éste se prevé sólo a efectos de publicidad.
DISOLUCIÓN POR LA VÍA PENAL
La iniciativa original subrayaba que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos», pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para esa disolución. Fue a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que abría la puerta a la disolución por la vía penal.
«El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia», reza la transaccional.
Además, esta enmienda permite reconocer la «legitimación activa» en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura».
