QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Leire Díez, anteriormente vinculada al PSOE, será interrogada el próximo lunes por la comisión del Senado que examina el ‘caso Koldo’, tras ser imputada en relación con ciertos audios donde presuntamente proponía favores a empresarios con procesos judiciales activos, a cambio de datos cruciales sobre Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y otras personas.
La sesión donde se examinará a Díez, que está siendo investigada por un tribunal madrileño por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, está programada para las 11.00 horas del 8 de septiembre, como se detalla en la agenda.
SUPUESTOS TRATOS DE FAVOR A CAMBIO DE INFORMACIÓN SENSIBLE
Leire Díez, que también ocupó cargos como jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, se vio envuelta en controversias por primera vez en mayo de 2025 después de que ‘El Confidencial’ difundiera audios en los que supuestamente ofrecía favores a empresarios a cambio de información clave sobre el coronel de la UCO.
Tras la divulgación de estos datos, el PP relacionó los hechos con una supuesta maniobra del PSOE para «perseguir» a la UCO, que se encarga de investigar, entre otros casos, el ‘caso Koldo’.
En junio de 2025, la renuncia de Santos Cerdán fue provocada por un informe de esta unidad, que situaba al ex número 3 del PSOE en el centro de una presunta red de sobornos por adjudicaciones públicas, gestionando pagos a otros miembros como el exministro José Luis Ábalos o el exasesor ministerial Koldo García.
Un mes más tarde, tras una denuncia de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC), se iniciaron diligencias previas contra Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid.
Como consecuencia, Díez entregó un ‘pendrive’ al PSOE con información sobre la causa que había acumulado durante los últimos años, que el partido pasó a la Fiscalía General del Estado (FGE). La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recientemente pidió a la UCO examinar el dispositivo, busca determinar si existen o no indicios de delito.
