La Ley de atención a la clientela se la juega esta semana en el Senado

El Senado apenas tiene tres semanas para tramitar el proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y en la institución han decidido que no hay un minuto que perder. Al pedir el Gobierno que la norma se tramitara por el procedimiento de urgencia, el tiempo para introducir cambios o vetar el texto remitido por el Congreso es de veinte días naturales, un plazo que comenzó el pasado jueves, 20 de noviembre, y se extienden hasta el 10 de diciembre como límite. Pese a lo apurado de los tiempos, el Senado ha decidido esprintar y dejarlo todo listo este viernes, a falta de la votación en el Pleno.

Con seis días improrrogables, los grupos parlamentarios tienen hasta el miércoles, 26 de noviembre, para registrar enmiendas o propuestas de veto. Menos de 48 horas después, a las 10:00 de la mañana del viernes, se celebrará una sesión de ponencia. Será la única cita formal en la que todos los representantes de los grupos parlamentarios se reúnan para debatir las enmiendas registradas y acordar los cambios que se incorporan a la versión del proyecto de ley aprobada en el Congreso. El resultado de ese trabajo, el informe de ponencia, será sometido luego a aprobación en la comisión pertinente que, de votar a su favor, remitirá su dictamen al Pleno donde se refrendarán las enmiendas introducidas por el Senado.

Lista para publicar en el BOE, el 11 de diciembre

La sesión para aprobar el dictamen en comisión también tiene ya fecha prevista. Será también el lunes, una hora y media más tarde de la reunión de la ponencia. Este es el calendario de tramitación aprobado por la Comisión de Derechos Sociales, Consumo Agenda 2030 en el Senado y la fecha restante para que el proyecto quede por completo aprobado:

* Fin del plazo para registrar enmiendas: miércoles, 26 de novimbre.
* Reunión de ponencia: viernes, 28 de noviembre. 10:00 horas.
* Sesión de comisión para dictaminar: viernes, 28 de noviembre. 11:30 horas.
* Pleno del Senado: miércoles, 3 de diciembre. A partir de las 09:00 horas.
* Pleno del Congreso para votar enmiendas del Senado: jueves, 11 de diciembre.

Aunque los trabajos en al Cámara Alta podían extenderse hasta el 10 de diciembre, esa semana no hay pleno, por lo que los tiempos se han ajustado para que pueda votarse el dictamen de la comisión en la sesión plenaria del 2 y 3 de diciembre.

Sobre esas previsiones, la versión del proyecto de Ley de atención a la clientela modificada por el Senado estaría lista para que el Congreso de los Diputados, en su última sesión ordinaria de este año, pueda pronunciarse (votar si están conformes o no) sobre cada una de las enmiendas de la Cámara Alta, el 11 de diciembre.

A expensas de lo que decida el PP

En la comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado cuentan con representación PP, PSOE, EH Bildu, ERC, PNV, Junts (por el Grupo Plural), Más Madrid (por el Grupo de Izquierda Confederal) y UPN (por el Grupo Mixto).

No obstante, cabe recordar que en la Cámara Alta el PP goza de mayoría absoluta, una superioridad que también se refleja en las comisiones. En consecuencia, el Grupo Popular es el que único con la capacidad garantizada para introducir todos los cambios que estime oportunos, así como para deshacer los hechos en el Congreso con los que no estén de acuerdo.

Durante su tramitación en el Congreso, los populares se abstuvieron. La versión del texto de la Cámara Baja salió adelante con 179 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Compromís, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos) 138 abstenciones (PP y UPN) y 33 en contra (Vox).

Disgusto del PP en las formas…

Pese a su abstención en la votación final en el Pleno del Congreso, el PP no ha ocultado su desacuerdo, cuando no disgusto, con algunas de las modificaciones introducidas en comisión en la Cámara Baja como resultado de la negociación de los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) con sus socios parlamentarios. Para muestra de su desagrado, el ‘no’ que los diputados del PP dieron al dictamen de la Ley de atención a la clientela en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso. En el Congreso presentaron 60 enmiendas, de las cuales 22 fueron utilizadas para enmiendas transaccionales, muchas de ellas sin su beneplácito.

A lo largo de su tramitación en la otra Cámara, los populares han manifestado su desacuerdo tanto con aspectos concretos de la norma como con las formas mediante las que se han producido algunas de las modificaciones introducidas vía enmiendas a la propuesta inicial del Gobierno.

Así, uno de sus ponentes, Miguel Ángel Paniagua, denunció en la sesión en la que se dictaminó sobre la ley que en varias de las reuniones de ponencia se produjeron «diversas anomalías procedimentales», entre las que señaló la presentación en bloque de 51 enmiendas transaccionales sin que se se debatieran de forma individualizada o que se transaccionaran enmiendas del PP sin su aceptación, hecho este último que iría contra el Reglamento (artículo 118.3).

…Y en el contenido

En cuanto a la redacción actual del proyecto de Ley de atención a la clientela, rechazan las siguientes modificaciones de carácter lingüístico. En este sentido, cabe esperar que el PP las suprima o introduzca enmiendas para acotarlas y delimitar su ámbito de aplicación.

1. La obligación para los servicios de atención al cliente de ciertas empresas de atender en lenguas cooficiales, con independencia de dónde estén y del lugar de residencia de sus clientes.
2. La modificación de la Ley de medidas de Reforma del Sistema Financiero para obligar a responder a la clientela en la misma lengua en la que se presentó la queja o reclamación.

Entre los motivos alegados para oponerse a las medidas, el PP asegura que este tipo de obligaciones a las empresas a «hacer algo que no pueden hacer» implica que «lo harán dejando de hacer otras cosas o subiendo los precios si se incrementan los costes», con mención especial a las pymes. Otra de las quejas del Grupo Popular es que las disposiciones incluidas en la ley no sean de aplicación para las Administraciones públicas, una equiparación que introducirán con sus enmiendas en el Senado.