QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La imputación del Fiscal General, el caso que ha provocado la dimisión del ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, y las acusaciones cruzadas de corrupción entre PSOE y PP han centrado el debate de este martes en el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España, un debate al que los partidos han trasladado el debate nacional y en el que el comisario de Justicia, el ‘popular’ Michael McGrath, ha evitado responder a las denuncias más allá de apuntar que Bruselas publicará su evaluación anual sobre la salud democrática de los 27 a principios de julio.
La discusión sobre «salvaguardar el Estado de derecho en España, garantizando una Fiscalía independiente y autónoma para luchar contra la delincuencia y la corrupción» fue incluida en la agenda de la sesión plenaria a petición del Partido Popular, con el apoyo de los grupos de la ultraderecha, antes de que trascendiera el informe de la UCO que señala el cobro de presuntas mordidas por Cerdán por la concesión de contratos en el marco del caso Koldo que afecta también al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
«La Comisión está actualmente preparando el informe de 2025, que esperamos presentar a principios de julio», ha indicado McGrath, en referencia a la evaluación sobre el Estado de derecho que Bruselas tiene en su agenda para adopción el 8 de julio.
«La Comisión presentará su evaluación de cómo ha evolucionado la situación desde julio de 2024», ha dicho el comisario en referencia a las recomendaciones a España del pasado año para reforzar la independencia del Ministerio Público y evitando así toda alusión a las acusaciones de corrupción.
LA EUROCÁMARA NO PUEDE SEGUIR EN SILENCIO
«Esta Cámara y la Comisión ya no pueden seguir en silencio. El escándalo de corrupción que no deja de crecer y que está vinculado al presidente del Gobierno español, a sus familiares, a su partido y a su gobierno es, hablando con franqueza, inaceptable», ha defendido uno de los vicepresidentes del Partido Popular Europeo (PPE), el sueco Tomas Tobé.
Tobé ha sido el primer eurodiputado en intervenir en el debate y en reclamar a McGrath una respuesta firme de Bruselas, al tiempo que ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones en España porque, ha subrayado, «en democracia, nadie está por encima de la ley» y que «sólo hay un camino posible cuando se rompe la confianza pública». «Señor Sánchez, la fiesta se ha acabado», ha remachado.
Más de una decena de eurodiputados del PPE de distintas nacionalidades se han sumado con sus intervenciones a las denuncias del PP, que a través de su ‘número dos’ en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha expuesto detalles del caso Koldo y de aquellos que afectan a la mujer y al hermano de Sánchez para afirmar que se trata del «mayor escándalo político que ha visto este Parlamento» y ha instado a los socios del Gobierno a «no seguir blanqueando» y aprovechar el debate para «reprobar» al Gobierno.
«El Fiscal General, elegido a dedo por Sánchez, está siendo procesado por el Tribunal Supremo por filtrar información secreta para destruir a rivales políticos. Esto se llama corrupción de Estado y en cualquier democracia europea se pagaría con dimisión y elecciones», ha remachado Montserrat.
A las críticas contra el Gobierno y las alertas por la situación del Estado de derecho en España se han sumado los grupos de la ultraderecha, desde cuya bancada el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha afirmado que «lo peor está por venir» y ha afeado al PP que pese a las críticas pacte con los progresistas en Bruselas.
«La España decente no se merece que ustedes sigan colaborando con la banda, como han hecho hoy aprobando un informe con la izquierda sobre el Estado de Derecho que oculta la corrupción de Sánchez, blanquea al autócrata y le anima a seguir asaltando la libertad de prensa y de opinión en las redes», ha resumido Buxadé, sobre un informe adoptado por la Eurocámara en el que no hay menciones expresas a España pero sí una mención promovida por el PP sobre la «preocupación» por los «repetidos ataques contra jueces y fiscales» que investigan la corrupción en los Estados miembro.
El informe en cuestión, adoptado con 405 votos a favor, 210 en contra y 36 abstenciones, avisa de que «tanto los procesos judiciales motivados por razones políticas como las leyes de amnistía y los procedimientos de indulto impulsados por intereses políticos socavan la confianza pública en los principios constitucionales y los estándares de la UE».
EL PSOE ESGRIME QUE EL DEBATE NO TIENE SENTIDO
Por parte de los Socialistas y Demócratas (S&D), la primera intervención ha corrido a cargo del presidente de la delegación del PSOE en la Eurocámara, Javier Moreno, quien ha criticado que «no tiene sentido» llevar el debate de Madrid a Estrasburgo y reprochado al PP que eleve la imputación del Fiscal General a la Eurocámara para «desviar la atención del ciudadano que ha cometido el delito –en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, poniendo el foco en el investigador por una presunta filtración de la que no hay pruebas».
En su réplica a los ‘populares’, varios eurodiputados del PSOE han recordado los casos de corrupción y financiación ilegal del partido que han golpeado al PP, como el caso Bárcenas, en contraposición a la determinación del Gobierno para «cesar inmediatamente» a quien se corrompe y para «pedir perdón» a la ciudadanía.
Miembros de otras delegaciones socialdemócratas como la austríaca Evelyn Regner o el italiano Sandro Ruotolo han puesto en valor el «coraje» del Gobierno de Sánchez por forzar la dimisión de Cerdán y poner en marcha una auditoría del partido.
Del resto de familias europeas, liberales, verdes e izquierda, apenas ha habido intervenciones más allá de los socios de Gobierno de Sánchez, entre ellos la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, quien ha dicho «dudar de los intereses» del debate y ha advertido de que «la integridad de la política y la confianza en la ciudadanía están en juego», al tiempo que ha abogado por esperar a conocer las nuevas recomendaciones de la Comisión en el informe del próximo julio.
Desde ERC, la eurodiputada Diana Riba ha criticado al PP que denuncie la corrupción del Gobierno cuando los ‘populares’ «han utilizado y politizado el sistema judicial» durante años y ha alertado de que la corrupción es un problema «estructural» en España. «Dejen de tirarse la corrupción por la cabeza y propongan reformas necesarias para proteger la democracia», ha remachado.
«El Partido de la Púnica y de la señora Ayuso ataca al Partido del caso Ábalos o del caso Santos Cerdán», ha advertido, por su parte, la eurodiputada de Podemos Isa Serra. «Parece que están ustedes compitiendo por quién es el corrupto ejemplar, cuál de los dos roba mejor», ha añadido.
