Valencia ha sido escenario una vez más de una gran manifestación, la duodécima desde el desastre, donde más de 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 32.000 según la Policía Local, han marchado exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la dana del 29 de octubre, que resultó en 229 fallecidos. Los manifestantes, con consignas como ‘president’ a Picassent, Mazón culpable y Mazón a prisión, han expresado su descontento en un clima de ‘reivindicación y memoria’.
Inicio emotivo y cabezera de la marcha
La protesta comenzó con una emotiva muixeranga y fue liderada por tractores y una pancarta principal que proclamaba ‘Mazón dimisión’. Seguidamente, otra pancarta reivindicaba el levantamiento de la voz por aquellos que ya no pueden hacerlo, según Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, quien destacó la importancia de hablar por los que ya no están.
Entre los manifestantes se vieron carteles denunciando la incompetencia y la falta de corazón de los gobernantes, y otros con mensajes directos como ‘la vostra incompetència acaba amb les nostres vides’ o ‘Mazón vas a llorar lágrimas de barro’. También hubo quienes llevaron imágenes de seres queridos fallecidos y camisetas que recordaban la tragedia a la hora exacta del ES-Alert.
Declaraciones y demandas de justicia
Mariló Gradolí y Rosa Álvarez, figuras clave en la asociación, reiteraron la demanda de ‘verdad, justicia y memoria’ para las víctimas, y la necesidad de responsabilidades políticas claras. La crítica hacia Mazón fue contundente, señalando su ausencia en momentos clave y su falta de capacidad para gestionar la crisis adecuadamente.
Personajes como Toñi García, que perdió a familiares en la tragedia, y representantes de servicios de emergencia y partidos políticos también participaron, apoyando la causa y reafirmando la necesidad de un cambio político y una gestión de crisis más efectiva.
La marcha culminó en la plaza de la Virgen con actos artísticos y la lectura de un manifiesto que condenaba la gestión del gobierno, recalcando que las víctimas ‘seguirían vivas’ de no ser por la negligencia gubernamental, y exigiendo transparencia, investigación y medidas preventivas para el futuro.













