Alrededor de medio millar de especialistas universitarios ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamando que garantice el acceso a la documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y, en particular, que "libere" los millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República y el franquismo que, según denuncian, se mantienen allí en contra de la propia normativa del departamento.
Según han explicado a Europa Press los promotores de la iniciativa, se han adherido firmantes procedentes de casi medio centenar de universidades públicas españolas, además de alguna privada, así como investigadores de centros académicos de Argentina, Estados Unidos y de varios países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal y Finlandia.
"Las personas firmantes, dedicadas a la docencia y la investigación en historia contemporánea, ciencia política y disciplinas afines, nos dirigimos a usted públicamente para manifestar nuestra preocupación por las dificultades persistentes de acceso a la documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)", reza la misiva.
Los académicos sostienen que esta situación, además de obstaculizar el progreso del conocimiento histórico y menoscabar el derecho de la ciudadanía a consultar archivos públicos, vulnera las propias reglas del Archivo de Interior, que fijan que, con carácter general, no debe conservar documentación de más de 30 años.
Recuerdan también al ministro que, como ocurre con cualquier archivo ministerial, el AGMI no debería asumir la custodia de documentación histórica, una tarea que corresponde a archivos especializados, ya sean históricos o intermedios, según proceda.
Retrasos, trabas y censura en los fondos
Con todo, el Archivo de Interior conserva "decenas de miles de cajas, con millones de documentos" del siglo XIX, de la Segunda República y del franquismo, lo que obliga a que "numerosas investigaciones de carácter histórico deban pasar necesariamente por el AGMI".
Los investigadores señalan que en este archivo se registran "dificultades de acceso que no suelen presentarse en otros archivos públicos". Detallan que las peticiones se resuelven con "grandes retrasos", no se ponen a disposición los instrumentos de descripción y, en ocasiones, "se entrega documentación (...) con marcas actuales de censuras".
A su juicio, muchas de estas prácticas responden a la aplicación restrictiva de una normativa interna obsoleta, cuya actualización reclaman para adaptarla a la "actual normativa de transparencia y los estándares de apertura".
Por este motivo exigen que, "bajo la aplicación estricta de la normativa", se ordene la transferencia de la documentación histórica que permanece en el sistema de archivos de Interior, ejecutando "de manera inmediata" el traslado al Archivo General de la Administración, autorizado desde diciembre de 2024 y que afecta a 6.111 cajas correspondientes al periodo 1829-1994.
Traslado escalonado y acceso equiparable
En este marco, piden igualmente que se determine qué documentación histórica seguirá en el archivo tras esa primera transferencia y se "programe su traslado escalonado" y que, mientras se completan estos movimientos, "se garantice el acceso a este patrimonio documental" con condiciones equiparables a las del resto de la red de archivos estatales.
Subrayan que ello pasa por hacer "públicos y accesibles" los instrumentos de consulta del archivo, simplificar los trámites para solicitar documentación, asegurar que las peticiones se resuelvan dentro del plazo legal de un mes —reforzando, si fuera preciso, la plantilla y los medios del archivo— y garantizar el acceso íntegro a los fondos que no estén sometidos a restricciones.
Además, reclaman que se normalice la consulta presencial, que se habiliten salas si es necesario, que se revise y sustituya la Instrucción de 2006 por un reglamento actualizado y que se garantice la no retroactividad de la ley franquista de secretos oficiales de 1968.
El Congreso ya instó a abrir el archivo
El pasado 21 de abril, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó una proposición no de ley, promovida por ERC y acordada con el PSOE, en la que se insta al Gobierno a facilitar el acceso a los fondos del archivo de Interior y a diseñar un plan específico para la digitalización y consulta en línea de la documentación, priorizando aquella de mayor interés para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.
La iniciativa, impulsada por ERC y pactada con el PSOE, fue avalada en la Comisión de Interior con los votos de Sumar, Junts, EH Bildu y PNV, mientras que PP, Vox y UPN se posicionaron en contra.