QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El curso político cerró con una importante victoria del Ministerio de Sanidad. El Pleno escoba del 22 de julio dio luz verde definitiva a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, manteniendo algunas enmiendas introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado. Un hito que, sin embargo, no quita el sambenito a la Comisión de Sanidad de que llegan iniciativas, pero pocas son las que superan el bloqueo y prosperan.
Desde Sumar esperan que la Agencia Estatal de Salud Pública sea la primera de varias normas sanitarias que están por llegar. “Estamos negociando y nos vamos a dejar todos los pelos en la gatera que sean necesarios”, aseguró en una entrevista con Demócrata Verónica Martínez Barbero, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso. ¿Qué leyes están pendientes y cuáles tienen posibilidades reales de transitar hacia el BOE?
La famosa terna
La ministra de Sanidad, Mónica García, optó por trocear en tres el Proyecto de Ley de Equidad que en su momento impulsó su predecesora, Carolina Darias (Ley Darias). Dos fragmentos se encuentran ya en el Congreso: el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y el Proyecto de Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud. Ambos aguardan su turno para ser elevados al Pleno. Por el momento, dormitan al calor de sucesivas ampliaciones de enmiendas.
La tercera pata, sería el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS (Ley anti-privatizaciones), que ya salió a consulta pública previa y no se ha vuelto a saber nada de ella.
En una entrevista con Demócrata, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, esgrimió que el propósito era poner coto a la entrada del lucro en el ámbito de las concesiones y de los conciertos en la provisión y en la gestión de servicios sanitarios.
Fuentes de la Comisión de Sanidad explican a Demócrata que esta materia tiene particularidades que dificultan aún más la ya per se complicada tarea de llegar a acuerdos con la actual aritmética parlamentaria. Se ha de legislar teniendo en cuenta las competencias autonómicas y pactar con grupos especialmente sensibles con el respeto a las mismas.
Alcohol en menores
En marzo de este año el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. El texto fue remitido al Congreso y, a pesar de que García pretendía una tramitación relativamente ágil, hasta el sol de hoy no solo no ha habido cambios, sino que hay voces que apuntan a posibles discrepancias con el socio mayoritario, el PSOE.
La iniciativa impondría nuevas restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y limitaría la venta en algunos entornos y espacios. En concreto, se prohibiría el emplazamiento de cualquier tipo de comunicación comercial en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil.
Así las cosas, no se permitiría la publicidad de bebidas alcohólicas, incluyendo el nombre comercial o símbolos de la empresa productora en la vía pública o en lugares visibles desde la misma. Podría permitirse el nombre comercial o la marca identificativa de empresas productoras en un perímetro que diste de 150 metros lineales de los accesos a zonas frecuentadas por personas menores de edad. Este punto, por ejemplo, forzaría a muchos bares y cafeterías a cambiar el mobiliario de sus terrazas por contener publicidad de bebidas alcohólicas.
El objetivo es fomentar un cambio cultural que modifique la percepción del bajo riesgo de las bebidas alcohólicas que tiene la población en general, y los menores en particular; a fin y efecto de reducir su consumo.
Para ello, además de lo antecitado, se prevé exigir que las máquinas automáticas que suministren alcohol incorporen mecanismos técnicos eficaces, con vigilancia y custodia directa; y se delegaría en las comunidades autónomas y en las administraciones locales la posibilidad de restringir el horario de venta, preferentemente, desde las 22:00 horas y hasta las 08:00 del día siguiente.
Quedaría prohibida cualquier forma de publicidad de bebidas alcohólicas dirigida a menores de edad; y toda comunicación comercial debería informar expresamente de la prohibición del consumo mediante mensajes o imágenes claras.
Además, no podrían participar en publicidades personas con menos de 21 años o mayores caracterizados; como tampoco personajes reales o ficticios cuya popularidad esté vinculada a la población menor de edad. Tampoco podrían emplearse términos ambiguos como “consumo responsable” o “moderado”.
Senado, CCAA e ILP
Actualmente la Comisión de Sanidad no amasa más proyectos de ley, y tan solo tiene pendiente una proposición de ley, remitida por el Senado, sobre violencia en el ámbito sanitario. Fue impulsada por los populares, permanece en el limbo de la ampliación de enmienda y su futuro no es precisamente halagüeño ya que el Congreso ya rechazó el mismo texto del PP.
También hay una proposición de ley de Andalucía relativa a la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual que no será truncada; y la ILP (ya proposición de ley) sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, heredada desde la XII Legislatura.
Lo que viene: medicamentos y veterinarios
El pasado mes de abril el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Medicamentos, cuyo borrador fue desvelado en exclusiva por Demócrata. La intención de Mónica García es que en septiembre reciba el visto bueno en segunda vuelta para ser remitido al Congreso y continuar la tramitación, pero no está cerrado con el PSOE.
El Ministerio de Sanidad tomó el pulso a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial de principios de julio y está abierto a negociar, pero las conversaciones serán en la fase de enmiendas, puesto que no se esperan grandes cambios.
La reforma para excluir del sistema de precios de referencia la innovación incremental ya se incluyó en la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Otra de las dudas será cómo quede el copago farmacéutico. El primer borrador contemplaba la reforma del copago, sin embargo, el documento en Audiencia Pública no lo reflejó. Sanidad aspiraba a diseñar un sistema más progresivo incorporando más tramos.
El actual, diseñado en 2012, establece tres tramos: las rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan un 40% de su medicación; las que oscilan entre 18.000 y 100.000, que abonan un 50%; y los que superan esa cifra, que desembolsan un 60%. Los pensionistas se atienen a los mismos tramos, pero con un tope mensual en cada uno.
La propuesta inicial de Sanidad, la que figuraba en el borrador revelado por Demócrata, proponía tres nuevas horquillas subir la aportación de las rentas superiores a 100.000 euros hasta el 65%. Los nuevos tramos iban de 18.000 a 35.000 (50%), de 35.000 a 60.000 (55%) y de 60.000 a 100.000 (60%).
Sanidad no renuncia a acometer una reforma similar y espera poder impulsarla durante la tramitación parlamentaria vía enmienda. De momento, Sumar preserva la discreción de las negociaciones y se limita a garantizar que “tendrá un buen final”.
Medicamentos al margen, ERC pactó con el Gobierno en el marco de la Agencia Estatal de Salud Pública que en septiembre se impulse en el Congreso una subcomisión en el seno de Sanidad para abordar la profesión veterinaria y, entre otras cosas, la posible reforma del Real Decreto sobre medicamentos veterinarios que tanto ha agitado al sector.
Plan Antitabaco
Aún queda para que llegue a la Comisión de Sanidad, pero el departamento de García está ya perfilando los últimos flecos del borrador de la Ley Antitabaco. Se esperaba para antes de verano, pero no se ha llegado a tiempo.
Esta norma prohibirá fumar (tanto tabaco convencional como alternativo, los conocidos vapers) en las terrazas y ampliará los espacios libres de humo a todos aquellos que cumplan dos requisitos: que concentre gente y que alguien pueda inhalar humo de forma voluntaria.
Tampoco se podrá fumar en vehículos de uso laboral; espacios docentes, incluidos los patios de recreo, institutos y campus universitarios; instalaciones deportivas; piscinas de uso colectivo; salas de fiesta en exteriores y marquesinas de autobús.
Además de la ampliación de los espacios sin humo, la reforma legal se integra en una estrategia nacional más amplia de lucha contra el tabaquismo. Esta incluye la financiación de tratamientos para dejar de fumar desde el Sistema Nacional de Salud, la regulación y control de nuevos dispositivos de consumo, y el incremento de la fiscalidad sobre productos relacionados con el tabaco.
